Jaime GUERRERO
Tres concejales del Ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros, en los Valles Centrales de Oaxaca, interpusieron procesos de investigación ante la Fiscalía General del Estado por presuntos actos de violencia política de género cometidos por el presidente municipal René Óscar Sánchez Chagoya, emanado del Partido del Trabajo (PT).
Las funcionarias —la Síndica Procuradora Maira Florizet Rodríguez Gopar, la Regidora de Equidad y Género Raquel Castillo Ortega y la Regidora de Desarrollo Agropecuario y Ganadero Concepción Sofía Robles Altamirano— acusan al edil de hostigamiento, amenazas, acoso laboral, violencia psicológica e impedimentos para ejercer sus funciones. También señalan agresiones a través de redes sociales por cuestionar su desempeño.
A estas denuncias se sumó la diputada morenista Concepción Rueda Gómez, quien desde tribuna denunció este martes “graves actos de violencia política de género” en contra de cuatro integrantes del Cabildo, incluyendo a la Regidora de Desarrollo Social, Salud y Bienestar, Reyna Aidé Sánchez Hernández, quien previamente había sido víctima de atentados con bombas molotov y amenazas directas.
Rueda Gómez presentó un exhorto para que el Congreso solicite formalmente al presidente municipal abstenerse de cualquier acto de hostigamiento o agresión que derive en violencia de género, recordando que estas conductas son sancionables conforme al Artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
“Ya basta de violencias contra las mujeres… no dejaremos de denunciarles y señalarles como lo que son: machos municipales”, afirmó durante su intervención.
El exhorto fue aprobado con carácter de urgente, en ausencia de los diputados y diputadas del PT, quienes abandonaron el recinto antes de la votación.
Las concejales denunciantes sostienen ser víctimas de persecución política por parte del edil y aseguran haber sido hostigadas y amenazadas a través de redes sociales. Indicaron que la semana pasada se reunieron con autoridades ministeriales para solicitar una investigación “pronta y neutral”, así como protección para sus familias debido a los antecedentes de violencia en el municipio, como el atentado sufrido por la regidora Reyna Sánchez.
Antecedentes: amenazas y bombas molotov
En junio pasado, la regidora Reyna Aidé Sánchez Hernández denunció amenazas de muerte y difamación en redes sociales después de exhibir presuntas irregularidades en la aplicación de recursos públicos.
La funcionaria relató que personas desconocidas abandonaron cerca de su vivienda una pancarta con un mensaje intimidatorio y cuatro bombas molotov, una de las cuales estalló en la vía pública.
Sánchez Hernández aseguró que las intimidaciones iniciaron en enero, al comienzo de la actual administración, cuando denunció anomalías financieras y administrativas, entre ellas la permanencia de funcionarios ligados a la administración pasada y presuntas irregularidades en la conformación de comités de obras.
Tras sus señalamientos, dijo, se desataron ataques en redes sociales, situación que hoy —aseguran sus compañeras— también padecen otras integrantes del Cabildo.
La diputada Rueda Gómez exhortó al Congreso a garantizar espacios seguros para las mujeres que ejercen cargos públicos y subrayó que “ningún municipio de Oaxaca debe tolerar la violencia política de género como forma de gobierno”.
Mientras avanzan las investigaciones de la Fiscalía, las concejales reiteran su petición de protección institucional y de que el caso no se politice, insistiendo en que su objetivo es poder ejercer sus funciones sin temor ni represalias.
