Oaxaca, Oax.- A un año del feminicidio de Sandra Domínguez, sus familiares denuncian que no hay justicia. Al contrario, señalan que lo que abunda es un encubrimiento por parte del Estado y la Federación, resultando en una impunidad total, ya que hasta la fecha no hay una sola persona detenida.
“No más encubrimiento”, denunciaron la hermana y madre de Sandra, quienes reafirmaron que hay mucho dolor por su ausencia y por la parálisis en las investigaciones.
Sandra Domínguez y su esposo desaparecieron el 4 de octubre de 2024 en el municipio de María Lombardo de Caso, al norte del Istmo de Tehuantepec. Fueron localizados sin vida en una fosa clandestina en la zona limítrofe entre Oaxaca y Veracruz, el 24 de abril de 2025, sin que las autoridades esclarezcan quiénes y por qué la mataron.
“Mi hija era una mujer que defendía derechos de las mujeres, era una mujer valiente y trabajadora. Es una lástima que haya gente que diga que andaba metida en cosas para desvirtuar su lucha”, expresó su madre.
La denuncia incómoda contra el poder estatal
Sandra Domínguez, además de activista, era abogada. Ella fue quien denunció públicamente la existencia de un «chat XXX» que utilizaba su fotografía de perfil en WhatsApp y donde se compartían imágenes íntimas sin consentimiento.
Ese grupo de chat era encabezado por Donato Vargas, actual Coordinador de Delegados de Paz del Gobierno del Estado de Oaxaca, junto con otros trabajadores del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
En 2023, Sandra también acompañó jurídicamente la denuncia penal por violencia familiar que Aracely Cruz Jiménez interpuso contra ese mismo funcionario. Vargas ha sido señalado por organizaciones de participar en actividades de trata de personas, explotación sexual y presuntos vínculos con el crimen organizado en el estado, y aún así, permanece en un alto cargo gubernamental.