Calderón defiende combate al narco y acusa al Gobierno federal de proteger a presuntos cómplices del crimen
El expresidente respaldó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, defendió su estrategia de seguridad y advirtió que México enfrenta la construcción de un Estado autoritario.
El expresidente Felipe Calderón respaldó este sábado a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y acusó a la actual administración federal de dar protección a personas señaladas por presuntos vínculos con organizaciones criminales, mientras gobernantes que cumplen con su deber son objeto de persecución.
Durante un evento de apoyo a la mandataria estatal, Calderón defendió la estrategia de seguridad que instrumentó durante su gobierno y rechazó las críticas recibidas por esa política.
“Asumí entonces y aún hoy el peso de la decisión de enfrentar al crimen y, a pesar del ataque vil y calumnioso del poder, con todos mis errores y limitaciones, fue la decisión correcta, es lo que me tocaba hacer para servir al pueblo de México”.
El exmandatario planteó que los gobiernos enfrentan una disyuntiva sin término medio frente a la inseguridad: proteger a la ciudadanía o ceder terreno a los grupos delictivos.
“Una de dos: el Estado protege a sus ciudadanos o los abandona; o estás con los ciudadanos o estás con los delincuentes, no hay de otra”.
Al dirigirse directamente a Campos, cuestionó que gobernantes que actúan conforme a su obligación sean perseguidos, mientras quienes han sido señalados de complicidad con el crimen organizado gozan de respaldo gubernamental.
“Qué absurdo que seas tú la perseguida y los que están acusados de complicidad con los criminales más sanguinarios, esos sean protegidos por el Gobierno en México”.
Calderón llamó a la unidad ciudadana frente al crimen organizado y planteó el combate a la delincuencia como un imperativo moral de cualquier gobernante, sin distinción de nivel de gobierno.
“Combatir al crimen es todo un deber, un imperativo ético de todo presidente, de todo gobernador, de todo alcalde; es un deber moral proteger a los ciudadanos”.
El expresidente también expresó alarma por la dirección que, a su juicio, sigue el sistema político nacional, y advirtió que únicamente la organización de la sociedad civil podría frenar ese proceso.
“Me preocupa que en México se está construyendo hoy un Estado autoritario, un Estado autoritario que sólo podrá detenerse con la fuerza organizada de los ciudadanos”.
Análisis
La intervención de Felipe Calderón busca reposicionar su narrativa de seguridad: defender la decisión de enfrentar frontalmente al crimen organizado y contrastarla con lo que presenta como una presunta tolerancia del actual gobierno hacia actores señalados de vínculos criminales.
El respaldo a Maru Campos coloca el discurso en clave política. Calderón no solo defiende una estrategia pasada, sino que intenta enmarcar a la gobernadora como una autoridad perseguida por combatir al crimen, frente a un gobierno federal que, según él, protege a presuntos cómplices.
El punto más polémico es que Calderón carga con el legado de una guerra contra el narcotráfico que dejó miles de muertos, desapariciones y una militarización profunda de la seguridad pública. Su defensa de esa política reabre un debate nacional que nunca se cerró.
Al mismo tiempo, su advertencia sobre un Estado autoritario intenta conectar el tema de seguridad con una crítica más amplia al rumbo político del país, apelando a la organización ciudadana como contrapeso.
El abogado del diablo
Desde la perspectiva de Calderón, enfrentar al crimen organizado fue una decisión inevitable ante el avance de grupos delictivos y la amenaza que representaban para la autoridad del Estado.
Sin embargo, sus críticos pueden responder que esa estrategia provocó una escalada de violencia, fragmentación de organizaciones criminales y un saldo humanitario que aún pesa sobre el país.
También es cierto que acusar al gobierno actual de proteger presuntos cómplices del crimen exige pruebas sólidas, no solo afirmaciones políticas en un acto de respaldo partidista.
La pregunta central será si el discurso de Calderón logra reconstruir legitimidad pública sobre su política de seguridad o si vuelve a activar el rechazo social por los costos de la guerra contra el narcotráfico.
