“No fue suicidio, fue feminicidio”: familia de enfermera del IMSS hallada sin vida con su hija en Oaxaca
La familia de Areli Saraí Martínez Domínguez acusa una cadena de omisiones del IMSS y exige que la Fiscalía investigue el caso bajo protocolos de feminicidio, violencia laboral e institucional.
El despido de una enfermera con diagnósticos graves de salud mental, emitidos por el propio IMSS, y la muerte posterior de ella y su hija en Oaxaca debe investigarse como feminicidio producto de una cadena de omisiones institucionales, denunció la familia de Areli Saraí Martínez Domínguez.
La enfermera, de 34 años, y su hija Evolet, de ocho, fueron halladas sin vida el 1 de mayo de 2026 al interior de su domicilio en la colonia Jacarandas de la agencia municipal de San Martín Mexicápam, en Oaxaca de Juárez.
Ambos cuerpos fueron encontrados en estado de descomposición. Los primeros informes periciales apuntaron a la ingesta de medicamentos y descartaron preliminarmente la intervención de terceras personas.
La familia rechaza que la historia de Areli Saraí y Evolet sea reducida a una explicación simple o a una nota roja. Exige que se investigue el contexto completo: los diagnósticos, la carga laboral, el despido, las omisiones institucionales y la falta de acompañamiento.
Una trayectoria marcada por el servicio y el desgaste
Areli Saraí estudió en la Universidad de la Sierra Sur y comenzó su vida laboral en comunidades como San Juan Yae y Estancia de Morelos.
En 2017 tuvo a su hija Evolet y en 2018 se incorporó al Instituto Mexicano del Seguro Social, inicialmente en el Hospital de Subzona número 48 de Santa Cruz Huatulco.
Durante la pandemia por COVID-19, en 2021, fue trasladada al Hospital General de Zona número 1 “Demetrio Mayoral” en la ciudad de Oaxaca.
Ahí, su carga laboral se incrementó de manera notable: llegó a atender hasta 15 pacientes por turno en condiciones de escasez de insumos y presunto maltrato laboral.
La institución para la que trabajaba le diagnosticó ansiedad, depresión mayor, distimia y síndrome de burnout.
Pese a tener conocimiento de ese perfil clínico, el IMSS no implementó medidas de protección ni seguimiento adecuado, acusó la familia.
El 17 de marzo de 2026, tras ocho años de relación laboral, el IMSS le rescindió el contrato.
El 30 de abril, en audiencia conciliatoria, le confirmó el despido definitivo. Al día siguiente, Areli Saraí y Evolet fueron halladas sin vida.
La línea de tiempo señalada por la familia
- 2017: Areli Saraí tuvo a su hija Evolet.
- 2018: Ingresó al IMSS, inicialmente en Santa Cruz Huatulco.
- 2021: Fue trasladada al Hospital General de Zona número 1 “Demetrio Mayoral” en Oaxaca.
- Durante su trabajo: el IMSS le diagnosticó ansiedad, depresión mayor, distimia y síndrome de burnout.
- 17 de marzo de 2026: le fue rescindida la relación laboral.
- 30 de abril de 2026: se confirmó su despido definitivo en audiencia conciliatoria.
- 1 de mayo de 2026: Areli Saraí y Evolet fueron halladas sin vida.
“Cuando una institución conoce padecimientos graves de salud mental y advertencias clínicas de riesgo, no puede tratar a la persona como empleada problemática, carga administrativa o trabajadora simplemente apta para seguir hasta quebrarse”, sostuvo Leny Martínez Domínguez, hermana de la víctima, durante la conferencia de prensa en la que la familia hizo público su posicionamiento.
Junto a ella, Sonia Domínguez, madre de Areli Saraí; Teófilo Martínez, su padre; y Fernando Manuel, su hermano, rechazaron las narrativas que redujeron la vida de Areli Saraí y de Evolet a una nota roja.
La familia demandó que la verdad se diga de manera completa para redignificar y resignificar la vida de ambas.
También exigió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca que investigue el caso bajo protocolos de feminicidio y que las indagatorias se extiendan al IMSS por violencia laboral e institucional.
La familia fue acompañada por integrantes del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Consorcio Oaxaca, así como por familiares de otras víctimas de feminicidio en el estado.
También condenaron la falta de respaldo del sindicato durante el proceso que enfrentó la trabajadora.
Entre las demandas centrales del posicionamiento familiar figuran medidas reales de no repetición y la implementación de protocolos verificables de detección, atención, seguimiento y protección de la salud mental del personal del IMSS.
Dichos protocolos, señalaron, deben contar con intervención médica, psicológica, psiquiátrica, laboral y sindical coordinada.
“El 17 de marzo de 2026 a mi hermana le fue rescindida la relación laboral con el IMSS. El 30 de abril, en audiencia conciliatoria, se le reiteró su despido definitivo. Al día siguiente ocurrió la tragedia. Estos hechos no pueden analizarse de manera aislada ni como simples trámites administrativos”, expresó la familia a través de un comunicado leído en el acto.
Análisis
El caso de Areli Saraí y Evolet obliga a mirar más allá de la causa inmediata de muerte. La denuncia familiar coloca en el centro una pregunta institucional: qué responsabilidad tiene una dependencia cuando conoce diagnósticos graves de salud mental, condiciones de desgaste laboral y posibles riesgos, pero responde con despido y abandono administrativo.
Nombrar el caso como feminicidio, como exige la familia, no solo apunta a la posible intervención directa de una persona agresora. También cuestiona las estructuras de violencia laboral, precarización, indiferencia institucional y falta de protección que pueden colocar a una mujer en una condición extrema de vulnerabilidad.
El IMSS no es un actor periférico en esta narrativa: fue empleador, instancia médica que diagnosticó y autoridad administrativa que terminó la relación laboral. Esa triple condición exige una investigación integral, no una revisión fragmentada de trámites laborales y dictámenes periciales.
El abogado del diablo
Las autoridades podrían sostener que los primeros informes periciales descartaron la intervención de terceras personas y que, jurídicamente, un feminicidio requiere acreditar elementos específicos previstos por la ley.
Sin embargo, esa lectura no cancela la obligación de investigar con perspectiva de género. La Fiscalía debe agotar líneas relacionadas con violencia institucional, laboral, omisiones de cuidado, antecedentes clínicos, condiciones de despido y posible responsabilidad de actores que tuvieron conocimiento del riesgo.
Reducir el caso a una explicación preliminar cerraría demasiado pronto una historia marcada por diagnósticos, desgaste, despido y abandono. La pregunta no es solo cómo murieron Areli Saraí y Evolet, sino qué instituciones fallaron antes de que ocurriera la tragedia.
Preguntas abiertas
- ¿Qué seguimiento médico, psicológico o psiquiátrico dio el IMSS tras diagnosticar ansiedad, depresión mayor, distimia y burnout?
- ¿Qué criterios utilizó el IMSS para rescindir la relación laboral pese al perfil clínico documentado?
- ¿Qué papel tuvo el sindicato durante el proceso de despido?
- ¿La Fiscalía investigará violencia laboral e institucional como parte del contexto del caso?
- ¿Qué medidas de no repetición adoptará el IMSS para su personal con diagnósticos graves de salud mental?
