La familia del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la Fiscalía General de la República (FGR) que los hechos de presunta intimidación que, afirman, sufrieron durante la manifestación realizada el pasado sábado en la Guelaguetza sean incorporados a la investigación federal por el asesinato del comunicador.
Familia de Alejandro Leyva pide a Sheinbaum que presunta intimidación durante protesta sea integrada a investigación de FGR
La familia del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la Fiscalía General de la República (FGR) que los hechos de presunta intimidación que, afirman, sufrieron durante la manifestación realizada el pasado sábado en la Guelaguetza sean incorporados a la investigación federal por el asesinato del comunicador.
En un pronunciamiento dirigido a la Presidenta de México, a la FGR y a la opinión pública, señalaron que la respuesta que recibieron durante la protesta les dejó temor por su seguridad y pidieron que esos acontecimientos no queden impunes, sino que contribuyan al esclarecimiento del crimen.
Los familiares recordaron que acudieron al desfile de las delegaciones con pancartas y banderines para exigir justicia por Alejandro Leyva y ejercer su derecho a la libertad de expresión, en una protesta que calificaron como pacífica.
Relataron que, antes del paso del contingente oficial, tres personas identificadas por ellos como “chalecos del bienestar” les pidieron retirarse del lugar y les propusieron sostener un diálogo con el secretario de Gobierno, Jesús Romero López.
Según el documento, rechazaron esa posibilidad porque su único objetivo era que su exigencia de justicia fuera escuchada públicamente y permanecer en el sitio donde habían acordado realizar la manifestación.
También denunciaron que, mientras permanecían en el lugar, ciudadanos les alertaron sobre personas que presuntamente los vigilaban, les tomaban fotografías y videos y que, según esas advertencias, algunas portaban armas de fuego.
Además, aseguraron que, al aproximarse el convoy oficial, patrullas de la Policía Estatal impidieron que los medios de comunicación dieran visibilidad a la protesta y obligaron a los manifestantes a retroceder.
Afirmaron que un grupo de aproximadamente 30 personas se colocó frente a ellos para impedir que exhibieran sus pancartas y consignas, situación que, sostienen, buscó intimidarlos y desactivar la protesta.
La familia explicó que decidió retirarse para proteger la integridad de los asistentes, debido a que entre ellos había mujeres, una mujer embarazada, personas adultas mayores y menores de edad.
En la parte central del posicionamiento reiteraron que su movilización “pretende ser una búsqueda de justicia y verdad” para Alejandro Leyva y advirtieron que los hechos ocurridos ese día incrementaron el temor entre sus familiares.
Por ello, solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la FGR que los sucesos registrados durante la manifestación sean integrados a la investigación federal por el homicidio del periodista, con el propósito de que contribuyan al esclarecimiento de los hechos y a garantizar la seguridad de su familia.
La petición adquiere relevancia política porque el asesinato de Alejandro Leyva es investigado en su totalidad por la FGR y ocurre después de que la propia presidenta instruyó a la Secretaría de Gobernación mantener comunicación con los familiares de la víctima y con periodistas de Oaxaca, en el contexto de las indagatorias por el crimen.
Trabajadores del gobierno («chalecos del bienestar») se acercan a las víctimas pidiéndoles abandonar el espacio público a cambio de una reunión a puerta cerrada con el Secretario de Gobierno.
Ciudadanos alertan a la familia sobre sujetos vestidos de civil tomándoles fotografías y presuntamente portando armas de fuego durante el bloqueo de la protesta.
Patrullas estatales obligan el retroceso de la familia, y un grupo de 30 civiles se planta frente a ellos para tapar las pancartas de justicia, orillándolos a retirarse por temor a su integridad.
La vulnerabilidad de las víctimas
¿Qué nivel de desgaste institucional revela el hecho de que la familia de un periodista asesinado deba pedir amparo directamente a la Presidencia de la República para que no los sigan intimidando o grabando las propias fuerzas de seguridad estatales durante una protesta pública?
La intimidación como forma de silenciamiento
El derecho a la protesta pacífica está garantizado en la Constitución. Sin embargo, los gobiernos suelen emplear tácticas de «represión pasiva» (o de «baja intensidad»). Esto incluye enviar a funcionarios de segundo nivel a «invitar» al desalojo, tomar fotografías no autorizadas para perfilar e intimidar a los manifestantes, o utilizar barreras humanas no uniformadas. La familia de Alejandro Leyva está solicitando a la FGR que documente estas tácticas como parte del expediente, pues obstaculizar la protesta de las víctimas indirectas constituye un acto de revictimización por parte del Estado.
Rendición de cuentas a la SEGOB y FGR
A la Secretaría de Gobernación y a la Fiscalía General de la República: Tras la instrucción directa de la Presidencia de dar seguimiento al caso, ¿abrirá el Ministerio Público Federal un desglose de investigación por las coacciones y el uso de presunto personal armado vestido de civil denunciado por la familia Leyva durante la Guelaguetza?
