La Secretaría de Marina (Semar) se vio obligada a ofrecer una disculpa pública y admitir su responsabilidad, un mes después de la irrupción arbitraria e ilegal de sus elementos armados en las instalaciones de la Escuela Normal de Río Grande. Ante este atropello a los derechos humanos, la diputada Irma Pineda exigió que no quede en una disculpa de papel, sino que se apliquen sanciones penales efectivas contra la cadena de mando para frenar la impunidad militar.
Semar pide disculpa pública tras irrupción ilegal en la Escuela Normal de Río Grande
La irrupción ocurrió a altas horas de la noche, cuando marinos adscritos a la Vigésima Zona Naval de Santa Cruz Huatulco violaron la autonomía escolar y el Artículo 16 Constitucional al ingresar de manera forzada y arbitraria a la institución educativa, generando terror entre la comunidad normalista.
A través del comunicado de prensa 026/2026 —emitido únicamente tras la fuerte presión y denuncia de la dirigencia de la Sección 22 de la CNTE— la Semar intentó minimizar el allanamiento justificándolo como una simple «conducta inadecuada» y asegurando que «sus protocolos fallaron». Sin embargo, ingresar a un inmueble civil sin mandato de un juez no es un error de protocolo, constituye un delito federal.
Tras la reunión con el magisterio y autoridades estatales, la institución naval informó que abrió una «investigación interna y exhaustiva» para identificar a la cadena de mando que ordenó el operativo ilegal, prometiendo aplicar las medidas correctivas correspondientes.
Como parte de la presión, la Marina se vio obligada a comprometerse públicamente a no volver a ingresar a ninguna escuela normal del estado de Oaxaca ni interferir en sus actividades académicas, salvo que exista una orden o mandato expreso emitido por una autoridad judicial competente.
Al respecto, la diputada oaxaqueña Irma Pineda Santiago advirtió que esta disculpa pública es completamente insuficiente si no hay justicia penal tangible.
“Es terrible que ahora estudiantes y profesores normalistas tengan que cuidarse de quien dice cuidarles, por eso es urgente la reparación del daño, el respeto a la autonomía de las escuelas normales y sanciones severas a los marinos”, sentenció la legisladora al calificar como grave la impunidad con la que operan las fuerzas castrenses.
Al amparo de la oscuridad, elementos armados de la Marina allanan ilegalmente las instalaciones del Centro Regional de Educación Normal de Río Grande, provocando pánico en la comunidad estudiantil.
La Sección 22 de la CNTE exige la intervención estatal y denuncia la violación constitucional, forzando una mesa de trabajo con el Gobierno de Oaxaca y la Vigésima Zona Naval.
Un mes después, acorralada por las evidencias, la Semar emite el comunicado 026/2026 admitiendo la incursión y prometiendo no volver a allanar planteles sin orden de un juez.
El peligro de la militarización
¿Qué nivel de vulnerabilidad enfrentan las instituciones civiles y educativas en Oaxaca si las fuerzas armadas deciden, por su cuenta, irrumpir en la madrugada en un plantel educativo y luego intentan saldar el delito con una simple carta de disculpa?
¿Cómo leer entre líneas un comunicado de las Fuerzas Armadas?
Al leer boletines militares, el ciudadano debe saber traducir los eufemismos institucionales. Cuando la Marina escribe que su personal incurrió en una «conducta inadecuada» o que «los protocolos fallaron», están utilizando lenguaje de relaciones públicas para evitar escribir la palabra delito. Allanar un domicilio sin una orden judicial viola el Artículo 16 de la Constitución Mexicana. Clasificar un delito constitucional como una «falla de protocolo» es una táctica legal para mantener el caso en el ámbito de las sanciones internas (asuntos internos) y proteger a sus elementos de ser juzgados penalmente en tribunales civiles.
Rendición de cuentas a la FGR y DDHPO
A la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y a la Fiscalía General de la República: Tras la admisión expresa de culpabilidad mediante un comunicado oficial de la Semar, ¿cuál es el número de carpeta de investigación penal iniciada contra la cadena de mando naval por violación a las garantías individuales, o permitirán que el delito se salde con un «castigo administrativo»?
