La familia del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar rechazó la versión ofrecida por el gobernador Salomón Jara Cruz sobre la manifestación realizada durante la Calenda de las Culturas y solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum intervenir para investigar el presunto operativo de censura e intimidación denunciado durante esa protesta.
Familia de Alejandro Leyva rechaza versión sobre protesta; pide a Sheinbaum investigar censura y sancionar responsables
La familia del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar rechazó la versión ofrecida por el gobernador Salomón Jara Cruz sobre la manifestación realizada durante la Calenda de las Culturas y solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum intervenir para investigar el presunto operativo de censura e intimidación denunciado durante esa protesta.
En un segundo comunicado público, fechado este 29 de julio en Oaxaca de Juárez, los familiares sostuvieron que la movilización fue pacífica, sin actos de provocación y con el único propósito de rendir homenaje al periodista asesinado, exigir justicia y visibilizar su exigencia mediante frases que identificaban el legado de Alejandro Leyva.
La familia respondió a las declaraciones emitidas por el mandatario estatal, quien afirmó que decidió modificar su recorrido para evitar “provocaciones”.
Los familiares aseguraron que esa afirmación es incorrecta y señalaron que entre los manifestantes había principalmente mujeres, una de ellas embarazada, además de jóvenes y adultos mayores, por lo que, afirmaron, el gobernador debió haber sido informado oportunamente de que se trataba de una protesta pacífica.
En el documento sostienen que “nuestra protesta fue realizada en condiciones de respeto y sin incidentes que afectaran el evento”, y califican como “alevoso” que funcionarios estatales, según su versión, dirigieran un acto de censura contra la familia, situación que, afirman, fue documentada por medios de comunicación presentes en el lugar.
Los familiares también cuestionaron el comunicado emitido por la Secretaría de Gobierno, en el que se justificaron las acciones emprendidas con base en un “Protocolo de Atención a la Protesta Social”.
Afirmaron desconocer ese instrumento porque, aseguran, no ha sido publicado en el Periódico Oficial del Estado y consideraron que ello refleja una contradicción entre el discurso gubernamental y el respeto al derecho a la libre expresión y manifestación.
“No tenemos una demanda particular para con el Gobierno del Estado. Somos una familia afectada por la pérdida de un ser querido cuyo crimen exigimos a las autoridades se esclarezca”, señalaron.
Rechazaron que su movilización buscara abrir una mesa de diálogo con las autoridades estatales.
Asimismo, calificaron como ofensivo el actuar derivado de ese supuesto protocolo al considerar que no sólo comprometió la percepción de seguridad de la familia mediante actos de intimidación y censura, sino que también desvirtuó el carácter pacífico de su manifestación.
El comunicado también cuestiona la actuación interna del Gobierno estatal al preguntar “¿Quién le informa las cosas al Gobernador y quién toma semejantes decisiones a sus espaldas?”, luego de recordar que el propio Salomón Jara reconoció públicamente que no advirtió inicialmente que la protesta era pacífica y que se enteró de ello posteriormente.
Finalmente, la familia solicitó directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum que intervenga para que se investigue quién ordenó el presunto acto de intimidación y se sancione tanto a quienes lo ejecutaron como a quienes, en su caso, lo encubrieron.
“No creemos en las disculpas públicas de compromiso; creemos en hechos, no en palabras. La disculpa sin castigo no sirve de nada”, concluye el posicionamiento.
Durante la Calenda de la Guelaguetza, la familia se manifiesta pacíficamente. Agentes estatales los encapsulan y el Ejecutivo desvía su ruta para no encontrarse con ellos.
El gobernador declara que desvió su ruta para «evitar provocaciones», mientras la Secretaría de Gobierno se escuda en un supuesto «Protocolo de Atención a la Protesta».
29 de julio: La familia desmiente categóricamente las versiones oficiales, rechaza el diálogo condicionado y exige a la Presidencia sancionar la censura estatal.
La estigmatización del dolor
¿Qué mensaje envía el Estado cuando clasifica como una «provocación» el reclamo pacífico de mujeres, adultos mayores y una mujer embarazada que exigen justicia por el homicidio de un periodista?
La trampa de los «Protocolos Fantasma»
Periodística y jurídicamente es fundamental entender el principio de certeza legal: ninguna autoridad puede fundamentar un acto de molestia ciudadana basándose en un documento que no es público. Si el «Protocolo de Atención a la Protesta Social» argumentado por la Secretaría de Gobierno de Oaxaca para justificar el encapsulamiento de la familia no ha sido publicado en el Periódico Oficial del Estado, carece de validez legal. Utilizar reglamentos internos o no vigentes para coartar la libertad de expresión y manifestación es un acto de arbitrariedad institucional.
Rendición de cuentas a la Gubernatura y SEGO
Al Gobernador Salomón Jara y al Secretario de Gobierno: Si el propio titular del Ejecutivo reconoce que se le informó erróneamente sobre la naturaleza pacífica de la manifestación, ¿qué funcionario específico de la avanzada ordenó la contención de las víctimas y la censura de sus pancartas basándose en un protocolo no publicado oficialmente?
