El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas —considerado territorio ancestral zoque y bio-región con la mayor diversidad biológica y generadora de los mayores servicios ecosistémicos de México y Mesoamérica— propone al gobierno mexicano realizar un “Debate público” previo a la consulta de la Ley Indígena.
Alertan que Consulta de Ley Indígena del INPI es una ‘trampa’ para facilitar megaproyectos en los Chimalapas
La amenaza del extractivismo
La riqueza zoque
La Selva de los Chimalapas no solo es territorio ancestral zoque, sino la bio-región con mayor diversidad biológica y generadora de servicios ecosistémicos de México y Mesoamérica, codiciada por capitales transnacionales.
Deforestación brutal
Oaxaca, Chiapas y Yucatán concentran gran parte del territorio comunal y agrario. La falta de un marco legal que garantice el derecho al «No Consentimiento» ha permitido la deforestación de al menos 200 mil hectáreas al año.
El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas —considerado territorio ancestral zoque y bio-región con la mayor diversidad biológica y generadora de los mayores servicios ecosistémicos de México y Mesoamérica— propone al gobierno mexicano realizar un “Debate público” previo a la consulta de la Ley Indígena.
Sus representantes, Luis Bustamante y Miguel Ángel García Aguirre, señalan que es urgente e importante realizar este debate público como un acto democrático y de buena fe, donde participen expertos y especialistas, quienes lo aprueban y quienes lo rechazan, señalando que se trata de una trampa para entregar los últimos recursos naturales que tienen los territorios indígenas.
Lo que aseguran es que el objetivo del debate es obtener un instrumento jurídico ejemplar, para entonces sí, someterlo a un paciente proceso de información previa y libre entre los pueblos y comunidades.
Asimismo proponen que el debate, por su importancia y trascendencia, se realice con sede en la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Senado de la República.
Y es que el gobierno federal, a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), comenzó en julio y hasta el 31 de agosto un recorrido exprés de validación institucional denominado burocráticamente «Jornada Nacional de Entrega de Información del Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada sobre la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos».
Datos oficiales señalan que durante esta jornada, brigadas del INPI visitan 16,728 Comunidades Indígenas y Afromexicanas para entregar cuadernillos explicativos y convocatorias, promoviendo —en papel— que las asambleas cuenten con información suficiente. Sin embargo, en la práctica, las comunidades denuncian que este proceso incumple de fondo los estándares internacionales del Convenio 169 de la OIT sobre una consulta profunda y carente de coerción institucional.
Como Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas reconocen que la mitad del país es territorio comunal o agrario, concentrado principalmente en Oaxaca y Chiapas, seguido de Yucatán. Estos tres territorios están bajo la amenaza constante de megaproyectos extractivos e inmobiliarios que han extinguido gran parte de los bosques, aumentando la deforestación de por lo menos 200 mil hectáreas por año, y dejando un 50% del territorio nacional altamente erosionado.
Bustamante y Aguirre recalcan que no solo se trata de reformar la Ley Indígena ni de alzar la mano para votar por un trámite administrativo; se requiere una Ley Indígena que verdaderamente garantice y haga justiciables los derechos fundamentales relativos a la Autodeterminación, a la Tierra y al Territorio, a la Consulta y, sobre todo, al Consentimiento Libre, Previo e Informado y al Derecho al No Consentimiento.
“Lo que requerimos los pueblos indígenas es que exista un verdadero desarrollo comunitario alternativo; y, simultáneamente, con respeto a los —hasta hoy limitados— Derechos de la Naturaleza, se convierte en un punto de vital importancia, no sólo para los Pueblos Originarios (incluyendo al Pueblo Negro Afromexicano) sino para todo el pueblo mexicano y para la Nación en su conjunto”, agregaron.
Por último, recalcaron que seguirán insistiendo en el debate público como el medio para entender, comprender, pero sobre todo, escuchar a los pueblos, quienes son los que verdaderamente defienden y cuidan sus territorios.
“No podemos solo escuchar a expertas y expertos con larga trayectoria histórica en la materia (Diálogos e incumplidos Acuerdos de San Andrés; Iniciativa de Ley COCOPA; elaboración de la Declaración de Derechos Indígenas de la ONU) y tampoco a los promotores y defensores oficiales; es momento de abrir el debate, porque está en riesgo nuestro territorio”, concluyeron.
¿Cuándo una Consulta Indígena es legal y cuándo es simulación?
Para que una consulta sea válida y no un despojo disfrazado, debe cumplir con 5 criterios mínimos internacionales del Convenio 169 de la OIT: debe ser Previa, Libre, Informada, Culturalmente Adecuada y de Buena Fe. El estándar jurídico estipula que la simple entrega de «folletos», «cuadernillos» o la recolección exprés de firmas en asambleas comunitarias sin un debate profundo previo entre comuneros y expertos independientes, infringe frontalmente el principio de «Informada». Cuando el INPI reduce este derecho a un trámite administrativo acelerado para avalar una ley o megaproyecto, la consulta se convierte en una simulación institucional que es susceptible de ser impugnada y cancelada en tribunales federales.
Exigencia al INPI y al Gobierno de la República
A las autoridades del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas: Si su iniciativa de Ley General verdaderamente busca proteger a los pueblos originarios, ¿por qué se niegan a someterla a un debate público y técnico de alcance nacional en la Suprema Corte o el Senado antes de presionar a las Asambleas Comunitarias? ¿Acaso la prisa por recolectar firmas busca validar una ley que facilite el ingreso legal de megaproyectos extractivos e inmobiliarios al Sureste bajo la fachada de un falso consentimiento?
Defiende el derecho al «No Consentimiento»
El futuro de los Chimalapas y del régimen comunal depende de lo que firmes en tu Asamblea. No permitas presiones de brigadistas.
Si brigadas del INPI intentan recolectar firmas en tu asamblea sin permitir el debate previo y profundo, levanta actas de inconformidad y mándanos fotografías de los funcionarios.
Exhibe de inmediato si delegados federales condicionan programas sociales, obra pública o fertilizantes a cambio de que la asamblea apruebe la Ley Indígena.
Organízate. Promueve reuniones previas en tu núcleo agrario para que los comuneros discutan los riesgos de abrir la puerta al extractivismo antes del día de la consulta oficial.
Tus denuncias sobre las trampas en la consulta son protegidas mediante nuestros protocolos de anonimato periodístico. Expón la simulación estatal.
