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Abogado acusa “despojo institucional” en un predio de Etla y responsabiliza al gobernador y al fiscal por su seguridad

Valles Centrales · Justicia

Abogado acusa “despojo institucional” en un predio de Etla y responsabiliza al gobernador y al fiscal por su seguridad

Héctor, exrepresentante legal de siete compradores de un predio en el paraje Loma Larga, en Poblado Morelos, San Pablo Etla, sostiene que el conflicto por 37 hectáreas es civil y que la Fiscalía lo convirtió en penal: dos operativos, siete trabajadores detenidos y una acusación por delitos contra la salud que, dice, se fabricó. “Temo por mi vida”, declaró.

Jaime GuerreroSan Pablo EtlaJusticia
37 haSuperficie del predio en disputaLa Fiscalía la reportó recuperada y bajo resguardo el 11 de agosto
2Carpetas de investigación abiertas15530/ETLA/2026 y 18143/ETLA/2026, ambas por resistencia de particulares
7Trabajadores detenidos en dos operativosCinco el 7 de julio y dos el 11 de agosto, según el abogado

El abogado Héctor, exrepresentante de un grupo de propietarios de un predio ubicado en el paraje Loma Larga, en Poblado Morelos, San Pablo Etla, acusó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca de realizar detenciones arbitrarias y de favorecer a particulares en una disputa por tierras que, sostiene, debería resolverse en un juzgado civil y no con operativos policiales.

Un pleito civil convertido en penal

En conferencia de prensa, el litigante rechazó la versión oficial de que las más de 37 hectáreas recuperadas por las autoridades estuvieran invadidas por integrantes de organizaciones sociales o sindicales. Afirmó que sus antiguos representados cuentan con escrituras para acreditar la propiedad, mientras que Enrique Gutiérrez y el abogado Rogelio Feria, a quienes identificó como la contraparte, no habrían demostrado la titularidad de toda la superficie reclamada.

De acuerdo con su versión, existe un traslape de terrenos que debe resolverse mediante un peritaje, un deslinde y un juicio civil —no a través de operativos policiales ni de investigaciones penales—. Precisó que únicamente representaba a siete compradores y que desconoce cuántas personas tienen derechos sobre la totalidad del predio.

Lo que informó la Fiscalía el 11 de agosto

La Fiscalía General del Estado informó el pasado 11 de agosto que recuperó y dejó bajo resguardo un predio de más de 37 hectáreas en el distrito de Etla, durante un despliegue en el que participaron la Agencia Estatal de Investigaciones, el Ejército y la Guardia Nacional. La institución reportó la detención de dos personas presuntamente vinculadas con la ocupación del inmueble y las relacionó con la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO).

El abogado sostuvo que esa relación es falsa. Dijo que los trabajadores fueron puestos inicialmente a disposición del Ministerio Público por resistencia de particulares y no por despojo, como —acusó— se difundió en las plataformas oficiales. También se deslindó de la ASAEO y de cualquier organización señalada por invasiones, extorsiones o falsificación de documentos, y afirmó que no pertenece ni mantiene acuerdos con ese gremio ni con la organización Sol Rojo.

Dos operativos y dos carpetas

El conflicto se agravó el 7 de julio, relató, cuando agentes investigadores y policías estatales y municipales ingresaron al predio sin presentar una orden judicial y detuvieron a cinco trabajadores. Esos hechos quedaron asentados en la carpeta de investigación 15530/ETLA/2026, iniciada por resistencia de particulares. Denunció además que del lugar fueron retirados un vehículo, una grúa y otra unidad de trabajo.

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Después de ese operativo, dijo, comenzaron las intimidaciones: recorridos de camionetas y agentes de investigación que presuntamente amenazaron con desaparecer a los trabajadores si no abandonaban las tierras. El 11 de agosto las autoridades volvieron al inmueble y detuvieron a otras dos personas, hechos que estarían registrados en la carpeta 18143/ETLA/2026, también por resistencia de particulares.

Según su testimonio, esos dos trabajadores obtuvieron su libertad y fueron detenidos nuevamente dentro de instalaciones ministeriales; ahora enfrentan una investigación por delitos contra la salud. Afirmó que las sustancias presuntamente aseguradas les fueron colocadas, una acusación que no ha sido acreditada judicialmente.

La mesa con Gobierno y el señalamiento final

Héctor aseguró que el litigio había sido planteado previamente ante el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, en una mesa donde presuntamente se acordó dejar a salvo los derechos de las partes para que acudieran ante la autoridad civil. Por eso calificó los operativos como un “despojo institucional” y acusó a la Fiscalía de utilizar recursos públicos para beneficiar a la contraparte. Habló también de posibles sobornos y compadrazgos, aunque no presentó públicamente pruebas.

El litigante informó que dejó la representación legal desde el 7 de julio por el hostigamiento y el temor por su integridad. Responsabilizó al gobernador Salomón Jara Cruz y al fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla por cualquier agresión contra él o su familia, y pidió la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y de los organismos defensores de derechos humanos.

“Temo por mi vida”, declaró, y pidió que su denuncia quede como antecedente ante cualquier situación que pudiera ocurrirle.

Contrapunto

Las dos versiones coinciden en un punto que conviene no perder de vista: las carpetas se abrieron por resistencia de particulares, no por despojo. Es decir, el delito que se investiga no es la ocupación del terreno, sino lo que ocurrió durante los operativos. Si la Fiscalía sostiene que el predio estaba invadido, la pregunta obvia es por qué no hay una carpeta por despojo con imputados y fecha; y si no la hay, por qué se anunció públicamente una “recuperación”.

El segundo punto ciego es el orden de las cosas. Un traslape de escrituras se resuelve con peritaje y deslinde ante un juez civil. Cuando esa vía se salta y aparecen primero la Agencia Estatal de Investigaciones, el Ejército y la Guardia Nacional, el Estado ya tomó partido en un pleito entre particulares aunque no lo diga. La acusación de sobrado peso —que las sustancias fueron sembradas— no viene acompañada de pruebas públicas, y así hay que leerla; pero el patrón que describe (detención, liberación y nueva detención dentro de instalaciones ministeriales) sí es verificable en las carpetas y en los registros de ingreso, y merece respuesta institucional.

Cronología

  1. 7 de julio de 2026Agentes investigadores y policías estatales y municipales ingresan al predio, según el abogado sin orden judicial, y detienen a cinco trabajadores. Se abre la carpeta 15530/ETLA/2026 por resistencia de particulares. Ese mismo día el litigante renuncia a la representación legal.
  2. Semanas siguientesEl abogado denuncia recorridos de camionetas y amenazas de agentes contra los trabajadores para que abandonen el terreno.
  3. 11 de agosto de 2026La Fiscalía informa que recuperó y dejó bajo resguardo un predio de más de 37 hectáreas en el distrito de Etla, con apoyo del Ejército y la Guardia Nacional, y reporta dos detenidos que vincula con la ASAEO. Se abre la carpeta 18143/ETLA/2026, también por resistencia de particulares.
  4. Días despuésLos dos detenidos obtienen su libertad y son detenidos de nuevo dentro de instalaciones ministeriales; ahora se les investiga por delitos contra la salud.
  5. 18 de agosto de 2026En conferencia de prensa, el abogado califica los operativos como “despojo institucional” y responsabiliza al gobernador y al fiscal por su seguridad.
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AMI · Cómo leer un conflicto de tierras

  1. Civil y penal no son la misma cancha. Quién es dueño de un terreno lo decide un juez civil, con escrituras, peritaje y deslinde. Lo penal solo entra si hubo un delito —despojo, resistencia, amenazas—. Cuando una parte gana terreno en lo penal mientras lo civil sigue sin resolverse, algo se salió del orden.
  2. El nombre del delito importa. “Resistencia de particulares” castiga oponerse a una autoridad en funciones; “despojo” castiga apoderarse de un inmueble ajeno. Confundirlos en un comunicado cambia por completo quién es el acusado de qué.
  3. Una acusación sin pruebas es una acusación, no un hecho. Que alguien afirme en conferencia que le sembraron droga a sus trabajadores es información publicable —está atribuida y tiene consecuencias—, pero no equivale a que esté probado. Busca siempre el verbo: “afirmó”, “acusó”, “sostuvo”.
  4. Pide la otra versión antes de compartir. Frente a un pleito por tierras, contrasta con la carpeta de investigación, con el registro público de la propiedad y con la contraparte. Si el material que te llega solo tiene una voz, todavía está a medias.
Nota de transparencia: Esta nota se basa en una conferencia de prensa: todas las afirmaciones sobre detenciones arbitrarias, amenazas, siembra de sustancias, sobornos y compadrazgos son dichos del abogado, quien no presentó públicamente pruebas y cuyos señalamientos no han sido acreditados judicialmente. La versión de la Fiscalía que aquí se contrasta proviene de su comunicado del 11 de agosto de 2026; Página 3 no obtuvo una respuesta directa de la Fiscalía ni de la contraparte a estos señalamientos y mantiene abierta la solicitud. El abogado fue identificado en el material recibido únicamente por su nombre de pila; se conserva así hasta confirmar el apellido. Los nombres de los trabajadores detenidos no se publican por tratarse de personas sujetas a investigación.
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