América Latina avanza en derechos para las mujeres, pero persisten graves barreras para acceder a la justicia

Informe regional de siete países alerta sobre el debilitamiento de las instituciones
de género, la falta de recursos y las dificultades para garantizar, en la práctica,

derechos que ya están reconocidos en las leyes.

LATAM. septiembre de 2026. América Latina ha dado pasos importantes en el
reconocimiento legal de los derechos de las mujeres y las diversidades, pero estos
avances todavía no se traducen de manera suficiente en garantías efectivas para vivir una
vida libre de violencias.
Esta es una de las principales conclusiones del Informe Regional de Acceso a la Justicia
2022–2024, elaborado por las organizaciones que integran la Articulación Regional
Feminista (ARF) a partir del análisis de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador,
México y Perú.
El informe identifica una brecha persistente entre los derechos reconocidos y las
posibilidades reales de ejercerlos. Durante el periodo analizado, los siete países
enfrentaron distintos niveles de debilitamiento institucional, restricciones
presupuestarias, dificultades para acceder a la justicia y problemas para contar con
información pública suficiente sobre la situación de las mujeres.
“Desde la Articulación Regional Feminista analizamos la situación de la
violencia contra las mujeres y el acceso a la justicia en siete países de

América Latina. El análisis muestra una paradoja: aunque la región ha logrado
avances importantes en materia legislativa, estos avances no se han
traducido necesariamente en transformaciones reales que permitan a las
mujeres y las diversidades gozar del derecho a vivir una vida libre de
violencias”, señala Agustina Rossi, investigadora de ELA – Equipo
Latinoamericano de Justicia y Género, de Argentina.
Cuatro alertas atraviesan la región
El análisis identifica cuatro problemas que se repiten, con diferentes características, en
los países estudiados.
La primera es la distancia entre las leyes y su implementación. La existencia de normas y
políticas no siempre está acompañada de los recursos necesarios para hacerlas efectivas.
Presupuestos insuficientes, falta de coordinación institucional, recursos humanos
limitados y mecanismos débiles de seguimiento dificultan su cumplimiento.
La segunda es el debilitamiento de la institucionalidad de género. Los cambios en las
prioridades de los gobiernos y los recortes presupuestarios pueden traducirse en el
cierre o debilitamiento de programas y servicios destinados a prevenir y atender las
violencias contra las mujeres.
La tercera son las barreras para acceder a la justicia. Medidas de protección insuficientes,
procesos de revictimización, falta de especialización y altos niveles de impunidad
continúan limitando la respuesta institucional frente a las violencias.
La cuarta es la falta de información suficiente para tomar decisiones. La ausencia de
sistemas públicos, sólidos y comparables dificulta identificar qué políticas funcionan,
dónde persisten las principales brechas y qué debe corregirse.
Los retrocesos también se expresan en decisiones concretas
El informe muestra que estas dificultades no se limitan a problemas de implementación.
En algunos países también se han producido decisiones que afectan directamente la
capacidad institucional para garantizar los derechos de las mujeres.
En Argentina, por ejemplo, el desmantelamiento de políticas de género desde 2023
estuvo acompañado de una reducción significativa de los recursos destinados a estas
políticas. Frente a la disminución de información oficial, organizaciones feministas han
desarrollado mecanismos propios de seguimiento a políticas y presupuestos públicos.
En Bolivia, las organizaciones han tenido que responder a cuestionamientos y propuestas
de modificación de la legislación sobre violencia contra las mujeres mediante estrategias
de articulación, producción de información, incidencia política y comunicación.

En Chile, el seguimiento a la implementación de la ley que permite la interrupción
voluntaria del embarazo en tres causales evidencia que el reconocimiento de un derecho
no garantiza por sí mismo su ejercicio efectivo y que persisten barreras que deben ser
identificadas y atendidas.
En Colombia, el seguimiento territorial realizado con defensoras de derechos humanos,
mujeres indígenas y afrodescendientes muestra la importancia de incorporar las
experiencias de las comunidades para identificar las barreras que persisten en el acceso
a la justicia y en la implementación de las políticas de género.
Frente a los retrocesos, las organizaciones también están construyendo respuestas
El panorama regional no se limita a los retrocesos. El informe recoge 19 buenas prácticas
desarrolladas por organizaciones feministas en los siete países, que muestran diferentes
formas de producir información, hacer seguimiento a las políticas públicas, acudir a la
justicia, realizar incidencia y fortalecer el trabajo con las comunidades.
Estas experiencias muestran que, frente a contextos políticos e institucionales
cambiantes, las organizaciones han desarrollado herramientas para documentar lo que
ocurre, defender los derechos conquistados y generar nuevas estrategias de acción.
“Frente a estos escenarios, también es importante reconocer las respuestas
que se están construyendo desde las organizaciones. Las buenas prácticas
que recoge este informe muestran que hay experiencias, herramientas y
aprendizajes que pueden contribuir a sostener los avances y a seguir
fortaleciendo las garantías para las mujeres. Documentar estas experiencias y
compartirlas entre países también es una forma de seguir avanzando”, señala
Adriana Benjumea, directora de Corporación Humanas Colombia e integrante
de la Articulación Regional Feminista.
Sobre la Articulación Regional Feminista
La Articulación Regional Feminista reúne organizaciones de América Latina que trabajan
por la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres y las diversidades.
Su trabajo regional permite documentar las brechas en el acceso a la justicia, identificar
tendencias comunes y compartir estrategias para fortalecer la garantía de derechos en
distintos contextos.
El Informe Regional de Acceso a la Justicia 2022–2024 analiza la situación de Argentina,
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú, y recoge 19 buenas prácticas
desarrolladas por organizaciones feministas de la región.
distintos contextos.