Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- El gobierno de Enrique Peña Nieto ya entró en un callejón sin salida al caérsele su “verdad histórica” respecto a la desaparición de los 43 normalistas y ahora tiene que fincarle responsabilidades penales al ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam y a todos los que obstruyeron los procesos de justicia, afirmó el Padre Alejandro Solalinde.
Luego que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) echó abajo la “versión histórica” sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa al rechazar que fueron calcinados en el basurero de Cocula y la existencia de un quinto autobús, Solalinde calificó este hecho como un “crimen de Estado”.
“Es un crimen de Estado y eso nadie se lo va a quitar al gobierno de Peña Nieto, es un crimen de Estado que lo va a marcar toda su vida y toda la eternidad”, sostuvo el fundador del albergue Hermanos en el Camino.
Y todavía fue mas allá al pedir que se le finquen responsabilidades penales a Jesús Murillo Karam y los demás que ocultaron esta información, incluido el propio Presidente Peña Nieto porque estuvo informado de todo.
“Imagínense en donde dejaron los equipo de inteligencia de la Sedena, la Policía Federal, Gobernación, el Cisen, sabían todo eso. Sabían lo del quinto camión y saben perfectamente cual es el paradero de los 43 estudiantes, que no se hagan. Ellos saben en dónde están y cómo están”.
El sacerdote católico reconoció que la verdad histórica de Murillo Karam fue desechada desde antes por científicos de la UNAM habían dado sus peritajes y confirmaban que era imposible que en los basureros de Cocula hubieran sido cremados los normalistas.
Sin embargo, con estas nuevas aportaciones de nuevas vías de investigación que no estaban por ejemplo el quinto camión revelan que “estamos en un narco estado”.
El informe detalló que los hechos de septiembre de 2014 dejaron 180 víctimas directas, 6 ejecuciones, 40 heridos, 43 desaparecidos y 700 víctimas indirectas. Y en los nueve escenarios en los que ocurrieron los hechos, estuvieron presentes miembros del 27 Batallón, de la Policía Federal, Policía Ministerial, Policía Estatal y agentes municipales de Iguala y Cocula.
La abogada Claudia Paz y Paz dio indicios sobre la existencia de un autobús, Estrella Roja, que fue “desaparecido” en las indagatorias y que había sido mencionado inicialmente por los estudiantes como uno de los cinco vehículos que tomaron el 26 de septiembre.
La guatemalteca contó que el grupo de expertos GIEI consideró sospechoso que al inicio de la averiguación se mencionara el vehículo y que en las últimas actuaciones no se hablara más de él, aún cuando en un video de la central camionera de Iguala, se observa que fue abordado por los jóvenes.
Los jóvenes, expuso, contaron al GIEI que fueron bajados del vehículo y atacados por policías ministeriales y ministeriales a balazos, y que diez jóvenes fueron refugiados por una familia en tanto que otros cuatro huyeron al cerro.
Al pedir la declaración del chofer, agregó, éste negó los hechos, dijo que el camión se descompuso y que los jóvenes abandonaron el vehículo, “sin embargo, después localizaron un escrito, en la indagatoria al parecer narrado por la misma persona, en el que se confirman los dichos de los estudiantes”.
Al respecto Solalinde Guerra dijo que “al parecer esos camiones llevaban droga y los muchachos al tomar camiones no se iban a fijar, es más bien la responsabilidad de la colusión de las autoridades de todos los niveles, ahí esta el Estado, ahí esta el Ejercito la policía federal y las estatales. Los tres ordenes de gobierno y lo servicios de inteligencia que no reportaron nada”.
Entonces, “el gobierno ya entró en un callejón sin salida, no tiene salida, se les cayó su verdad histórica y ahora tiene que responder, investigar para conocer el paradero de los normalistas.
“Lamentablemente tenían que venir grupo de expertos del extranjero para que pudieran hacer una investigación objetiva y abrir puertas que estaban totalmente cerradas como el Ejército y la PF y ese quinto camión que nunca reportaron y resulta que ahí esta. Y al estado no le queda de otra mas que aceptar esto y no meter reversa”, puntualizó.
Ahora tienen que fincarle responsabilidad a los que obstruyeron los procesos de justicia, aunque lo que advierte es que van aparecer “chivos expiatorios porque van a buscar salvar a los que tengan que salvar, porque aquí van a haber grandes daños políticos y van a procurar que haya los menores daños políticos para liberar y exonerar a las personas y al Ejército que lo cuidarán mas y la Policía Federal, aunque no puede estar mas desprestigiada”.
Dijo que hay que poner especial atención en la cadena de mandos, ya que serán ellos los principales sacrificados.
