El pasado fin de semana Bogotá denunció que aviones militares venezolanos y tropas extranjeras incursionaron en el departamento colombiano de La Guajira.
Como se recuerda, la situación en la línea divisoria entre ambas naciones sudamericanas ha venido degradándose en semanas recientes, tras un ataque armado procedente de Colombia en el que resultaron heridos dos militares venezolanos.
Para colmo, un moderno avión de combate Su-30, de la Fuerza Aérea Bolivariana, se estrelló el pasado domingo cerca de la frontera común cuando, al parecer, perseguía a una avioneta de presuntos narcotraficantes.
A ello se agregaron los señalamientos de Caracas de que paramilitares, contrabandistas y delincuentes comunes del país vecino habían sentado sus reales en la zona limítrofe, y la decisión de expulsar a más de mil colombianos que residían en la región fronteriza.
Tras un prolongado encuentro en la capital de Ecuador, los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y Venezuela, Nicolás Maduro, anunciaron en una declaración conjunta –leída por el presidente ecuatoriano Rafael Correa, mediador, junto con el mandatario uruguayo Tabaré Vázquez– el retorno inmediato de los respectivos embajadores, que habían sido retirados; la realización de una investigación conjunta de la situación de la frontera, una reunión bilateral de ministros para tratar los aspectos más preocupantes de la crisis fronteriza, que deberá reabrirse en forma paulatina, y la continaución de los contactos con el acompañamiento de los gobiernos ecuatoriano y uruguayo.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2015/09/22/opinion/002a1edi
