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Al menos 23 servidores públicos entre policías estatales y municipales, se encuentran en poder de indígenas del municipio de Oxchuc, luego del choque que sostuvieron el viernes pasado con los uniformados que pretendendieron desalojarlos de un bloqueo de carretera.
Los manifestantes que iniciaron la revuelta desde septiembre pasado en contra de la alcaldesa electa, Maria Gloria Sánchez del PVEM, quemaron 18 casas el viernes por la noche, entre estas tres de la presidenta municipal, quemaron también ds autobuses para exigir la libertad de 38 de sus compañeros que fueron detenidos el viernes por la mañana cuando se dirigían a dialogar y negociar con las autoridades estatales.
Desde las 105 comunidades del municipio de Oxchuc, se concentraron en la cabecera municipal y bloquearon el tramo carretero que comunica a San Cristóbal de Las Casas con Ocosingo y Palenque. Desde hace cuatro meses los pobladores rechazan el cacicazgo de Maria Gloria Sánchez y su esposo Norberto Santiz López, quienes controlan el poder político municipal desde hace unos 15 años.
El viernes por la mañana, unos 38 de ellos fueron detenidos por policías estatales en San Cristóbal de Las Casas, cuando pretendían dialogar y negociar con las autoridades estatales en la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Esto fue considerado como un acto de “traición” por parte del gobierno estatal, por lo que el pueblo de Oxchguc radicalizó su protesta y bloqueo por completo la carretera.
Quemaron 18 casas de funcionarios municipales, entre estas tres de la alcaldesa electa, María Gloria Sánchez y Norberto Santiz, los caciques políticos del pueblo. Quienes usan las siglas del PRI y el PVEM, según sus intereses políticos.
Cuando llegó la policías estatales parsa quererlos desalojar, los indígenas de Oxchuc les quemaron tres camiones, dos patrulals más, capturaron a 13 policías estatales, siete policías municipales, un juez municipal y sus dos hijos.
Los indígenas quemaron dos autobuses y dejaron unos 40 policías estatales y municipales heridos con palos y piedras.
Ante el fracaso del operativo, los uniformados retrocedieron y se refugiaron en el vecino municipio de Huixtán.
Familiares de los policías estatales y municipales en Tuxtla se empezaron a preocupar y organizar para exigir al gobierno estatal la liberación de los uniformados. Advirtieron que sino son liberados organizarán una protesta en las puertas de Palacio de Gobierno.
