La versión de la Generalitat fue dada por buena por la Oficina Antifraude en su duro informe sobre el caso.
La primera fue el 26 de febrero, cuando ATLL Concesionaria celebró un consejo de administración al que asistió el entonces gerente de la Agencia, Joan Pinyol.
Antifraude también denunció “múltiples irregularidades” en la gestión de ATLL de las que considera que pueden derivarse “responsabilidades penales”.
El Gobierno de la Generalitat ocultó al Parlament datos clave sobre la gestión de Aigües Ter-Llobregat, la empresa pública privatizada en 2012 en un proceso que se halla empantanado en los tribunales.
Esto le llevó a sostener que “ATLL Concesionaria no informó de las significativas operaciones realizadas con la Empresa Operadora ni ese año [2013] ni […] a mediados de 2014”.
Fuente: http://elpais.com/ccaa/2016/02/15/catalunya/1455568884_885124.html
