Pedro Matías
OAXACA., Oax. (pagina3.mx).- La Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo) tomó simbólicamente instalaciones de la Minera Cuzcatlán que se encuentra en San José del Progreso y exigir la salida inmediata de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines.
En el marco de la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio los inconformes denunciaron que a siete años de la represión no hay justicia mientras que
el proyecto minero se encuentra en expansión con protección y en contubernio de las autoridades estatales y federales.
Recordaron que a siete años del brutal desalojo en el cual integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán fueron golpeados y encarcelados no hay justicia, al contrario, los presuntos asesinos materiales de Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez fueron liberados en abril de 2015.
La comunidad responsabiliza a la misma empresa de los arteros asesinatos de Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez, luchadores sociales que perdieron la vida por la defensa del territorio.
De igual manera, se quejaron que el proyecto se encuentra en etapa de expansión en territorios de San José del Progreso, Magdalena Ocotlán, Monte del Toro y San Martín de los Cansecos, aun cuando la comunidad ha comprobado las violaciones sistemáticas que el proyecto produjo en San José del Progreso donde “no existe paz” porque rompieron con el tejido comunitario.
Por ello, “exigimos la cancelación inmediata del proyecto San José, así como su expansión en municipios y ejidos vecinos”.
Además se solidarizaron con las comunidades que han fortalecido su resistencia en las regiones de Valles Centrales, Sierra Sur, Sierra Norte, Mixteca e Istmo contra los proyectos mineros considerado de muerte.
Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió una alerta temprana dirigida al ayuntamiento de San José del Progreso, Ocotlán, y al poder Ejecutivo del estado a fin de que garanticen la libre manifestación de las ideas, derecho de reunión y asociación de las y los habitantes de esa comunidad y quienes participan en las actividades convocadas por la Coordinadora frente a las instalaciones de la Minera Cuzcatlán.
La medida fue tomada por la Defensoría ante los antecedentes reiterados de agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos en ese municipio y, específicamente, en relación con el activismo de integrantes de la Coordinadora.
