Pedro MATÍAS
Oaxaca, (pagina3.mx).- La asamblea comunitaria de Santa Catarina Yosonotú determinó hoy crear las fuerzas de “autodefensa” para resguardar su territorio de las invasiones de sus vecinos de Santa Lucia Monteverde que mantiene “atrincheradas” a unas 500 familias de las comunidades de Lagunilla de Cárdenas y Morelos, en la región mixteca, declaró el presidente de Bienes Comunales, Ignacio Núñez Morales.
Ante la incapacidad gubernamental para resolver este conflicto agrario que ha dejado 560 muertos, la comunidad decidió conformar con unos 400 comuneros sus fuerzas de “autodefensa” y cerrar el camino que comunica a cuatro municipios para obligar al gobierno federal y estatal que rescate a las 500 familias que se encuentran atrincheradas en sus comunidades.
Denunció que desde las 15:00 horas de este miércoles comenzó la balacera por parte de los habitantes de Santa Lucia Monteverde para obligar a sus vecinos de Lagunilla de Cárdenas y Morelos a abandonar su comunidad.
Recordaron que 34 familias de San Isidro Zaragoza fueron desplazadas por gente armada de Santa Lucía Monteverde que forman parte de Antorcha Campesina.
Por su parte, el delegado de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Pedro Cortés, preciso que desde anoche se dio la nueva invasión a esas dos comunidades de Santa Catarina Yosontú, sin embargo, las 500 familias decidieron atrincherarse y defender a toda costa su territorio.
Actualmente, dijo existe el temor latente que se organicen grupos de choque para invadir Santa Catarina, razón por la que decidieron conformar su grupo de autodefensa y cerrar el camino que conduce a los municipios de Atatlahuca, Santa Lucia Monteverde, Santiago Ixtayutla, Santa Cruz Itundujia y San Andrés Cabecera Nueva.
De los hechos ya tiene conocimiento la Secretaría General de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública para que intervengan y eviten una enfrentamiento.
Mientras tanto responsabilizaron al gobierno federal y estatal del derramamiento de sangre, de las violaciones a las garantías constitucionales y de derechos humanos de las familias desplazadas y las que se encuentran atrincheradas.
