Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó los hechos violentos ocurridos en Nochixtlán y Hacienda Blanca, que dejó al menos 8 muertos y 108 heridos, además envió una comisión de observación a Oaxaca.
De igual forma, la ONU-DH repudió el asesinato del periodista Elidio Ramos Zárate, cometido en el crucero de Juchitán a Ixtepec, cuando estaría cubriendo otros hechos de violencia.
Mientras que en Oaxaca reportan por lo menos 16 bloqueos carreteros, principalmente en el Istmo, la costa, Sierra Sur y la región mixteca. En la capital se empieza a normalizar la situación al reiniciar labores en los centros educativos, de transporte y en oficinas gubernamentales de ciudad judicial, ciudad administrativa y congreso del estado.
En tanto que esta mañana salió una caravana motorizada de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación rumbo a Nochixtlán para dejar víveres en solidaridad con la comunidad que resistió los embates de 800 policías federales y estatales.
Por lo pronto, la comisión de observación de la ONU-DH llegó hoy a Nochixtlán como lo confirma en su cuenta de Twitter: “Estamos en #Oaxaca en misión de observación, documentando los hechos de la tarde y noche del domingo 19”.
Antes, el representante en México del Alto Comisionado de las ONU-DH, Jan Jarab, lamentó “la pérdida de vidas y la afectación a la integridad de las personas lesionadas. En estos difíciles momentos, expreso mis condolencias a los familiares que perdieron un ser querido”, puntualizó.
Igualmente hizo un llamado para que se evite la violencia y las partes involucradas privilegien el diálogo sobre la confrontación con el fin de prevenir la repetición de situaciones como las ocurridas el pasado domingo 19 de junio en Asunción Nochixtlán, Huitzo y Hacienda Blanca.
En un comunicado, la ONU-DH llama a las autoridades a investigar de forma independiente, pronta, exhaustiva e imparcial los hechos suscitados, a deslindar las responsabilidades y atender y reparar adecuadamente a las víctimas.
Ante las denuncias que hizo la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de que por ordenes de gobierno solo se atendieran a lesionados de las Policías Federal y Estatal, exhortó a las autoridades a garantizar el pleno acceso a la asistencia médica requerida por todas las personas heridas.
La ONU-DH recuerda que cuando en una acción de protesta se presentan situaciones de violencia que ameritan recurrir, como último recurso, al uso de la fuerza, las autoridades deben sujetarse a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, evitando violaciones al derecho a la vida e integridad física. Asimismo, toda privación de la libertad debe respetar el derecho al debido proceso.
Adelantó que esta Oficina dará puntual seguimiento a lo ocurrido en Oaxaca y sostendrá reuniones con las autoridades, tanto federales como estatales, las víctimas y otros actores relevantes, incluyendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con quien se ha estado en contacto sobre lo sucedido.
A su vez, el consejo ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca pidió “el retiro de los agentes policiacos de los tres órdenes de gobierno que permanecen apostados en las inmediaciones de la Defensoría y en las diversas regiones del Estado, como una muestra de voluntad política para el diálogo.
El Consejo Ciudadano condenó “el uso de la violencia para dirimir las diferencias políticas, por lo cual hace un llamado urgente para que se instalen las condiciones necesarias que permitan el diálogo entre las autoridades y el movimiento magisterial”.
Además, este órgano colegiado hizo hincapié en que la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación buscó reiteradamente el diálogo con el gobierno, esfuerzos en los que incluso la Defensoría participó, como consta públicamente en la Propuesta General 01/2016 del 25 de mayo del presente año, emitida por este organismo.
Los decesos y las agresiones causadas por el uso excesivo de fuerza, así como las posibles detenciones arbitrarias, son agravios inadmisibles a la sociedad entera; por ello, deben ser esclarecidos y castigados de manera imparcial, con apego a los estándares de derechos humanos y sin dilaciones.
La Defensoría resaltó que recibió varias denuncias por los diversos hechos cometidos por autoridades el pasado domingo, que, de confirmarse, podrían constituir graves violaciones a los derechos humanos.
Resaltó que los hechos de violencia son la consecuencia de una serie de omisiones por parte de las autoridades federales y locales, pues no se privilegió el diálogo y la construcción colectiva de una reforma de tal envergadura como lo es la educativa”.
Finalmente, como Consejo Ciudadano reprobaron la permanencia de cientos de agentes policiacos de los gobiernos municipal, estatal y federal apostados en la misma calle donde funcionan las oficinas centrales de esta Defensoría, lo cual puede interpretarse como una provocación y como un intento por disuadir la denuncia ciudadana sobre los abusos policiacos.
