Jaime GUERRERO
OAXACA (#pagina3.mx).- El Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura, Adolfo Toledo Infanzón, señaló que organizaciones sociales e integrantes de la delincuencia organizada pretendieron involucrarse en el movimiento magisterial y los hechos que se suscitaron de manera violenta en los hechos del pasado domingo 19, particularmente en el Istmo de Tehuantepec y la Mixteca.
Por ello, demandó a las autoridades de seguridad y de impartición de justicia de los tres órdenes de gobierno deban actuar también de manera conjunta, para la investigar e imponer sanciones a los culpables con apego a los principios derivados de los tratados internacionales de los que nuestro país sea parte y a las leyes aplicables.
El legislador local del PRI, dijo que ante los hechos que se han suscitado en Oaxaca, durante los últimos días, se debe de privilegiar el diálogo y respeto por quienes son alumnos, niños, niñas y jóvenes que están como estudiantes en todos los planteles de todos los municipios.
La violencia no puede aceptarse y el pueblo de Oaxaca no puede ser confundido por el movimiento magisterial, pidió.
“Es más que obvio que organizaciones sociales e integrantes de la delincuencia organizada pretendieron involucrarse en los hechos que se suscitaron de manera violenta en los hechos del pasado domingo”, lanzó.
Por lo pronto, celebró la reunión del gobierno federal con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y confió en que los acuerdos que se puedan tomar sirvan para establecer el orden, la paz, la actividad económica y las actividades educativas en Oaxaca.
Del mismo modo, Toledo Infanzón, pidió respetar los derechos humanos no solo del movimiento magisterial, principalmente de las y los oaxaqueños, así como los protocolos del uso de la fuerza pública para mantener la libertad de tránsito de los ciudadanos y hacer llegar los insumos básicos a las poblaciones.
Recalcó que es fundamental que exista una coordinación entre los tres niveles de gobierno para generar las condiciones de paz y estabilidad en Oaxaca.
Lamentó que sean recurrentes la toma de edificios públicos e instalaciones estratégicas; la afectación del patrimonio histórico y cultural de la ciudad capital, las actividades aeroportuarias, y sobre todo, el riesgo latente de provocar accidentes de graves consecuencias a la población, al utilizar como barricada automotores cisterna abastecidas con materiales peligrosos, al interferir en los procesos productivos en la refinería “Antonio Dovalí Jaime”, del Puerto de Salina Cruz, que abastece de combustible a 6 estados de la república y a 11 aeropuertos internacionales del Sureste de nuestro México.
Toledo Infanzón, dijo que resulta imprescindible que las autoridades de seguridad y de impartición de justicia de los tres órdenes de gobierno deban actuar también de manera conjunta, para la investigación de los hechos e imponer las sanciones a los culpables con total apego a los principios derivados de los tratados internacionales de los que nuestro país sea parte y a las leyes aplicables, en sus respectivos ámbitos de competencia.
Así mismo, que en el Gobierno Estatal se privilegie el diálogo para la solución de dicho conflicto, a fin de evitar en todos los sentidos, actos violencia que sigan afectando la paz pública y el orden social en nuestro Estado.
De su lado, la diputada local del PAN, Leslie Jiménez Valencia, exigió a la Fiscalía General de Justicia del Estado, la investigación puntual de lo ocurrido el día domingo en el desalojo de manifestantes en Nochixtlan, donde murieron 8 oaxaqueños y más de 50 resultaron heridos.
Pidió aplicar todo el peso de la Ley a quienes hayan perpetrado estos crímenes, sean policías o civiles; “las diferencias ideológicas tampoco son pretexto para no condenar lo que sucede”, afirmó.
Asimismo, Jiménez Valencia, exigió a los tres niveles de gobierno a restablecer el Estado de Derecho para generar un ambiente propicio para garantizar que empresas, comercios y negocios puedan realizar sus actividades cotidianas de manera segura, ya que son inaceptables los saqueos vividos en los últimos días en las principales ciudades del estado.
“Los hechos vandálicos, saqueos y robos no pueden quedar impunes; la aplicación de la Ley debe hacerse pero sin venganzas, ni abusos”.
También, solicitó a la CNTE y a las organizaciones sociales que apoyan este movimiento a dejar atrás el bloqueo de las carreteras que sólo asfixian a la economía, provocan grandes pérdidas, desempleo y nulo poder adquisitivo de las familias oaxaqueñas que fincan sus ingresos en esta actividad.
“La violencia no puede ser una herramienta de presión política, por lo tanto no puede ser el mecanismo, ni el camino o forma para resolver los problemas que enfrentamos. Los bloqueos y saqueos a comercios y negocios afectan de manera directa el desarrollo económico de nuestra entidad, los exhorto a anteponer sus intereses de grupo al bien común y resolver sus diferencias mediante el diálogo y encauzarlos mediante los canales institucionales existentes, Oaxaca lo necesita”, asentó.
En tanto, el diputado del PRD, Palemón Gregorio Bautista, hizo un llamado a los titulares de la Secretaría General de Gobierno (Segego), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía General de Justicia del Estado para que comparezcan ante esta soberanía y presenten a la ciudadanía las acciones que realizan para coadyuvar en la solución de la problemática.
“Es importante que se explique a la población las decisiones que se van a tomar desde el Poder Ejecutivo sobre todo porque es un problema que nos aqueja a todos los oaxaqueños, no es exclusivo del magisterio, somos comerciantes, campesinos, taxistas y padres de familia quienes estamos esperando una solución a este conflicto que afecta a Oaxaca y sus regiones”.
El diputado del Partido del Trabajo (PT), Rafael Armando Arellanes Caballero, solicitó a la brevedad establecer una mesa de diálogo y a investigar los hechos ocurridos para esclarecer los mismos y procurar que el o los culpables no queden impunes.
Por su parte, la legisladora Fe Yadira Betanzos Pérez exhortó a las autoridades Estatal y Federal para que de manera conjunta intensifiquen esfuerzos para establecer el orden y la paz pública en la entidad.
