San Raymundo Jalpan, Oaxaca., 11 de julio de 2016.- El diputado Carlos Alberto Ramos Aragón, integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar los artículos 20, 61 y 71 de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Oaxaca, a fin de garantizar la asistencia, protección y reparación integral de los pueblos afromexicanos.
Ante el Pleno Cameral de la LXII Legislatura del Congreso Local, Ramos Aragón señaló que el artículo segundo constitucional establece que sin perjuicio a los derechos constitucionales a favor de la población indígena, toda comunidad equiparable a aquella tendrá los mismos derechos tal y como lo establezcan las leyes.
Indicó que Oaxaca es una entidad con gran diversidad étnica, cultural, lingüística, integrada por 15 pueblos indígenas y afromexicanos; alrededor del 34 por ciento de la población total habla una lengua indígena y regiones como la Costa, Cañada, Istmo y Cuenca del Papaloapan son integradas por personas afromexicanas.
“En el marco jurídico de Oaxaca, estas comunidades son víctimas de exclusión, discriminación y pobreza, por ello el trabajo legislativo debe encauzarse a equiparar sus derechos y legitimar su protección jurídica. No podemos permitir que exista discriminación hacia las personas afromexicanas”, aseguró el diputado.
Manifestó que la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Oaxaca contempla como grupos vulnerables a niños, adultos mayores, mujeres, indígenas, migrantes, personas con discapacidad, entre otros. Sin embargo excluye a los grupos afromexicanos, por lo que es necesario promover reformas para resguardar a víctimas de la violación de sus derechos humanos descendientes de esta comunidad.
Ante ello, dijo que el pueblo afromexicano no debe ser tratado desde la óptica de los derechos indígenas, puesto que son personas de distinto origen, que han desarrollado formas propias de organización social, económica, política y cultural, por lo cual es fundamental promover instrumentos legales que garanticen el reconocimiento de sus derechos en el marco jurídico vigente para su efectivo ejercicio de forma individual y colectiva.
Para su estudio y dictamen la iniciativa fue enviada a la Comisiones Permanentes de Administración de Justicia, Asuntos Indígenas y de Igualdad de Género.
