Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- La síndica del municipio de Amacuzac, en Morelos, Susana Fuentes Rodríguez, denunció que es víctima de violencia política de género por parte del alcalde Jorge Miranda Abarca, quien no le permiten ejercer sus funciones.
La regidora de Asuntos de la Juventud del mismo municipio, Carolina Bahena Castillo, aseguró que también ha sido víctima de violencia por parte del secretario general de Amacuzac, Silvano Brito Uribe.
La semana pasada ambas mujeres denunciaron en conferencia de prensa las agresiones de las que son víctimas que van desde las amenazas, obstrucción de funciones, suspensión de sueldos y retiro de su personal.
La síndica Fuentes Rodríguez destacó que una de las principales razones por las que se agudizó el conflicto es que ella manifestó su desacuerdo en solicitar más créditos y dejar al municipio endeudado.
La funcionaria denunció que en marzo comenzaron las agresiones en su contra, al negarle el derecho de entrar a las sesiones; desde abril le suspendieron al pago de salario y la dejaron sin personal, según reportaron medios locales.
Otra de las mujeres que denunció violencia fue la síndica del municipio de Zacualpan de Amilpas, Ortensia Muñoz Pérez, quien aseguró que es agredida por el presidente municipal, Zenón Barreto Ramos, quien le niega información y no la consulta para tomar decisiones que le competen.
Por otra parte, de acuerdo con la Asociación de Síndicas y Síndicos de Morelos, que preside la síndica de Cuautla, Paola Cruz Torres, en el estado al menos 16 de las 27 síndicas que desempeñan este cargo son violentadas por los alcaldes y regidores que trabajan con ellas.
Desde otra perspectiva, en días pasados la diputada del Partido Acción Nacional y presidenta de la Comisión de Equidad y Género en el Congreso local, Norma Alicia Popoca Sotelo, informó que el 21 de junio presentó una iniciativa para tipificar la violencia política de género.
La reforma propone definir como violencia política “cualquier acto u omisión que limite, niegue, obstaculice, lesione y dañe la integridad y libertad de las mujeres a ejercer en plenitud sus derechos políticos”.
También propone reformar las Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales estatal y el Código Penal local, a fin de establecer sanciones que van de 1 a 7 años de prisión y de 100 a 500 días de multa para quienes cometen este delito.
Cabe decir que a nivel federal la violencia política de género no es un delito, sin embargo autoridades como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de las Mujeres, entre otras, crearon un protocolo para identificar esta violencia.
