San Raymundo Jalpan, Oaxaca., 20 de julio de 2016.- “En nuestro estado la impunidad es uno de los problemas de mayor urgencia y gravedad, no sólo para la consolidación de la democracia sino, para su propia sobrevivencia, su prestigio y su correcto desarrollo”, afirmó el diputado local Sergio Bello, al informar que presentará ante la LXII Legislatura la iniciativa para eliminar el fuero en la entidad.
El representante del Partido Acción Nacional (PAN) y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Industrial Comercial y Artesanal manifestó que la impunidad está en el centro de los grandes problemas del estado, pues “ante la violencia, la inseguridad, la corrupción y los conflictos de interés, las y los ciudadanos tienen la certeza de que quienes cometen delitos no serán investigados y mucho menos sancionados”.
Afirmó que en la actualidad el poder cobija y protege al delincuente, aparentando esta acción el principio rector de la vida pública. Ante ello el diputado panista impulsa la iniciativa por el que se reforman los artículos 59 Fracción XLVI, 118 y 121; y se deroga el artículo 119 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
“Basta de que veamos funcionarios que laceran el patrimonio del estado, que desvían recursos que pertenecen a las y los oaxaqueños para beneficio personal, y el único castigo que exista sea una inhabilitación, o bien que salgan con cinismo ante la ciudadanía a pedir perdón por sus atracos. No más impunidad. Queremos un estado próspero y donde se aplique la ley de forma justa y sin distinción”.
Sergio Bello aseveró que la consolidación de la democracia en Oaxaca convoca a fortalecer y modernizar las instituciones públicas, actualizar el marco jurídico y constitucional, además de procurar una mayor participación de las y los ciudadanos en los asuntos públicos del Estado.
Aseguró que se ha hecho un indebido uso del denominado «fuero constitucional», lo que obliga a replantear esta figura jurídica en sus términos y sus alcances, desde la norma constitucional hasta una adecuada legislación secundaria que contribuya a hacer instituciones eficaces, modernas y confiables, que se encuentre al servicio de los intereses de sus representados y a la altura de las circunstancias que la sociedad exige.
“En un Estado de Derecho no se justifican los privilegios. En una sociedad democrática no puede haber ciudadanos de primera y de segunda, contrario a ello, debe procurarse la formación de una ciudadanía libre y responsable, así como un poder político que abandone el régimen de la discrecionalidad e impunidad, limitando todos sus actos al imperio de la ley”, concluyó.
