Cuando fue interrogado por la Guardia Civil dijo que «no tenía conocimiento claro» de la ilegalidad de las instalaciones, según fuentes conocedoras de la investigación.
Prevaricación medioambientalPor permitir presuntamente que la planta operara la Guardia Civil acusa al exregidor del PP César Urrea de «prevaricación medioambiental», delito recogido en el artículo 329 del Código Penal.
El actual Consistorio de Chiloeches clausuró el pasado junio las instalaciones, precisamente por no tener licencia.
En agosto, cuando se incendió, Ahora Chiloeches —que gobierna la localidad— sostuvo que la planta «llevaba operando varios años, siempre en situación de ilegalidad».
Urrea fue alcalde entre 2011 y 2015, año en el que fue desalojado por Ahora Chiloeches y el PSOE.
Fuente: http://elpais.com/politica/2016/09/30/actualidad/1475253530_054614.html
