Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- A la gira del Presidente Enrique Peña Nieto por Alemania lo acompañaron los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa con protestas en Berlín y Hamburgo para denunciar que “la crisis de derechos humanos en México ha adquirido dimensiones catastróficas”.
La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México e integrantes de Initiative Mexiko le hicieron sabe al Presidente Joachim Gauck y a la Canciller Federal alemana Angela Merkel que el caso Ayotzinapa es sin embargo sólo la punta del iceberg sobre las graves violaciones a los derechos humanos.
Durante estos días -11 y 12 de abril- a Peña Nieto lo persiguió la sombra de los normalistas y las masacres de Apatzigán, Tlatlaya.
El colectivo de organizaciones alemanas resaltaron que de acuerdo con cifras oficiales se desconoce el paradero de casi 27 mil personas desaparecidas en México y las autoridades casi no han adoptado medidas para aclarar estos crímenes.
Citaron como ejemplo de esta inacción el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, que desde septiembre del 2014 desaparecieron. El caso ha desatado un gran desconcierto en México y a nivel internacional, pues ha revelado la colaboración entre las autoridades estatales con el crimen organizado.
Hicieron saber que las autoridades mexicanas han comenzado con la investigación, luego de haber recibido fuerte presión internacional, sin embargo, los resultados de la investigación oficial fueron refutados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el destino de los estudiantes permanece sin ser aclarado.
Resaltaron que “no únicamente el crimen organizado sino también las fuerzas estatales de seguridad son responsables de graves violaciones de derechos humanos en México. No obstante la impunidad de las violaciones de derechos humanos es de un 98% y la corrupción alcanza hasta los niveles más altos de la política nacional. Por eso no parece ser probable recibir una sanción por crímenes de violaciones de derechos humanos”.
Aunado a ello, las detenciones arbitrarias así como la tortura ejercidas por la policía y el ejército mexicano se cometen a la orden del día, so pretexto de la lucha contra el crimen organizado.
El objetivo es que a través de la tortura se consigan las confesiones sobre delitos y así se logren rápidamente las averiguaciones. Los policías y militares que torturan no tienen que temer por un procesamiento penal, mientras en la mayoría de los casos la víctima permanece en la cárcel a pesar de falta de evidencias del delito.
El gobierno mexicano recientemente y después de la gran presión internacional, ha presentado un bosquejo de leyes contra la tortura y la desaparición forzada de personas. Sin embargo, estas leyes no corresponden con los estándares internacionales.
Esto sin contar que el gobierno mexicano ha rechazado las recomendaciones y resultados de investigación de organizaciones internacionales de derechos humanos y Comités de las Naciones Unidas, para la mejora de la situación de derechos humanos en México. Además, expertos como el Relator Especial sobre la Tortura de las Nacionales Unidas, Juan Méndez, y también los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) han sido atacados y difamados públicamente.
Simultáneamente el gobierno del presidente Peña Nieto trata de promocionar la inversión de mercados internacionales y presentar a México como un lugar interesante para la economía con nuevas leyes aprobadas en las áreas de energía, minería, extracción de gas y petróleo, aunque tienen repercusiones considerables hacia las casi 32 mil comunidades agrícolas en México y a los casi 28 millones de personas que viven en zonas rurales.
Los ejidos de comunidades indígenas, garantizados originalmente en la Constitución, han sido excavados. El derecho al consentimiento libre, informado y previo es violado con la realización de numerosos megaproyectos.
Defensores de derechos humanos y periodistas, quienes denuncian y critican estas irregularidades y quienes exigen reformas, son víctimas de campañas de desprestigio, represión e incluso asesinato.
El Mecanismo de Protección para defensores de derechos humanos y periodistas amenazados, establecido en el 2012, así como la Ley de Protección para las víctimas, han sido medidas insuficientes de protección, de acuerdo con los recientes y numerosos asesinatos de periodistas críticos.
La Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko e Initiative Mexiko protestaron en Berlín y en Hamburgo.
