Natalia Estrada García
CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, dijo a los integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que México y su gobierno enfrentan un problema serio en materia de desapariciones.
El ombudsman nacional señaló que el Estado mexicano mantiene deficiencias en el registro, búsqueda y otorgamiento de justicia a las víctimas y sus familiares, ejemplificó que la administración federal no cuenta con un registro nacional eficaz, exhaustivo y transparente que permita conocer el número real de personas desaparecidas en nuestro país.
Además señaló que ha incumplido su promesa de impulsar el funcionamiento del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, a ello se suma que Procuraduría General de la República ha implementado un sistema con información de perfiles genéticos y de análisis de muestras biológicas (CODIS), sin embargo hace falta crear el Sistema Nacional de Información Genética anunciado por el mismo presidente de la República, Enrique Peña el pasado 27 de noviembre de 2014.
González Pérez expuso ante Naciones Unidas que el país también ha pasado por alto su obligación de cumplir con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del Caso Radilla Pacheco en la que se le ordenó reformar el Código Penal Federal, a fin de que la tipificación del delito de desaparición forzada se adecue a los estándares internacionales.
Acusó que la prometida Ley sobre desaparición forzada de personas aún no llega por ello hizo un llamado al Congreso para crear esta legislación conforme a los estándares internacionales, así como la obligación de implementar políticas públicas para la búsqueda de personas desaparecidas.
Refirió que los casos recientes de desapariciones forzadas indican que entre las víctimas de este delito existen algunos grupos que se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad tales como mujeres, migrantes, defensores de los derechos humanos y periodistas, por lo que el Estado debe poner especial atención en su protección.
