Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Organizaciones civiles cuestionaron duramente al gobernador Gabino Cué, a quien acusaron de otorgar “una amnistía de facto a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz”, ahora convirtió “a Oaxaca en un Estado de excepción no declarado con tanta presencia militar y policiaca”.
Alrededor de 50 organizaciones consideran que la “desaparición” del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) solo es una cortina de humo y una gran pantalla para justificar la represión del movimiento social, pues los gobiernos estatal y federal nunca han asumido una auténtica política anticorrupción, ni de derechos humanos, ni mucho menos para el fortalecimiento de la educación.
Entonces, abundaron, “hoy más que nunca, quienes suscribimos la presente, manifestamos nuestra condena a las acciones de simulación por parte de Gabino Cué y le demandamos que asuma con responsabilidad su papel pues, lejos de contribuir a la gobernabilidad, sus acciones generan polarización y descomposición del tejido social”.
Recordaron que después de las intensas jornadas de lucha y resistencia callejeras de 2006, el pueblo oaxaqueño abrigó la esperanza de un cambio en el ejercicio del poder, y no dudó en votar por Gabino Cué Monteagudo.
Sin embargo, después de cuatro años y medio, lejos de erradicar las graves y sistemáticas violaciones a derechos humanos, la inacción e indiferencia del actual gobierno profundizaron la ya desde antes grave situación de injusticia en que vive el estado.
Muestra de ello es que hasta la fecha permanecen en la impunidad todos los agravios cometidos desde el gobierno contra el movimiento social de 2006, una impunidad sospechosa que muestra la existencia de una amnistía de facto a Ulises Ruiz Ortiz y su gabinete.
Servicios para una Educación Alternativa, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, el Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, CODIGODH y Tequio Jurídico, resaltaron que la presencia militar y policiaca arreglada entre Gabino Cué y Enrique Peña Nieto evidencia la política de criminalización a la protesta social.
El Centro de Apoyo para la Educación y Creatividad Calpulli, Iniciativa Ciudadana Oaxaca, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Feminismo Comunitario tejido Oaxaca, Colectivo Mujer Nueva, Ojo de Agua Comunicación y Comuna, mencionaron que la jornada electoral fue sólo el pretexto para colocar a Oaxaca, en los hechos, en un estado de sitio.
Insistieron en que a dos años año y medio de la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República han sido testigos de que, lejos de ser una anomalía, la violación a los derechos humanos es practicada de manera sistemática como parte de la política consuetudinaria del gobierno federal mediante su estado militarizado.
Y citaron que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las detenciones ilegales y arbitrarias de manifestantes, las ejecuciones extrajudiciales como las de Calera, Ostula y Tlatlaya, asesinatos de defensoras, defensores y periodistas, el feminicidio generalizado y la gran debacle económica en que se encuentra el país, ahondará la brecha de pobreza y desigualdad.
Mencionaron que como ha sucedido en otros momentos de la historia, hoy el Estado echó a andar abiertamente su “política” militar y policiaca contra todas las manifestaciones del movimiento social”.
Entonces, las respuestas a la solicitud de garantías son paliativos, así como la simulación de la consulta a los pueblos y comunidades indígenas, rodeadas de policías y militares.
Finalmente, exigieron a Gabino Cué la salida inmediata de las fuerzas militares y policiacas del estado.
