CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los virtuales gobernadores de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa; Puebla, José Antonio Gali Fayad, y Quintana Roo, Carlos Joaquín, cuentan con fortunas que superan los 17 millones pesos.El más acaudalado de todos es Murat Hinojosa, con una fortuna de 32 millones de pesos, de acuerdo con su declaración 3de3, que incluye a su esposa Ivette Morán.
El virtual gobernador de uno de los estados con mayor pobreza extrema en el país tiene 11 propiedades en la Ciudad de México, Oaxaca, Puebla y Yucatán, así como acciones en 12 empresas, entre ellas “Autobuses México Toluca Zinacantepec y Ramales”, en la que también tiene participación la nueva esposa de su padre José Murat, Aurora Alcántara, según información difundida por el portal Aristegui Noticias.
En su declaración, Murat Hinojosa no menciona ninguna propiedad en Estados Unidos de él o de su esposa, como lo dio a conocer el diario The New York Times.
Otro de los virtuales gobernadores con mayor riqueza es el de Puebla, José Antonio Gali Fayad, con 20.8 millones de pesos, seguido del abanderado de PAN-PRD en Quintana Roo, Carlos Joaquín, que posee 17.4 millones de pesos, entre cuentas bancarias y 13 propiedades en ese estado, Yucatán y la capital del país.
En el otro extremo, los tres gobernadores entrantes con menos bienes son el de Aguascalientes, el panista Martín Orozco Sandoval, con 3.6 millones de pesos; Tlaxcala, el priista Marco Antonio Mena, y Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, también del PRI, quien posee 7 millones de pesos.
Durante las campañas electorales en Hidalgo, Omar Fayad había prometido que no sólo presentaría su 3de3, sino que además entregaría un examen toxicológico, pero al final no hizo ninguna de las dos cosas. Cuando sus contrincantes le reclamaron porqué no había cumplido, el priista contestó que era “una estrategia” de sus adversarios en la que no entraría.
En Tamaulipas, ninguno de los ocho candidatos que luchaban por la gubernatura cumplió con su 3de3.
La iniciativa “Ley3de3” no solamente tiene que ver con las declaraciones patrimoniales, de intereses y de impuestos, sino que también abarca cambios a siete leyes que harán operante al Sistema Nacional Anticorrupción.
