Aranzazú Ayala Martínez | @aranhera | #AlianzadeMedios
En 2003 las autoridades federales autorizaron concesiones mineras en el municipio de Ixtacamaxtitlán para la empresa canadiense Almaden Minerals. Desde hace al menos cinco años las comunidades han luchado y se han dividido por la presencia del proyecto que plantea una mina de oro a cielo abierto. Apenas hace menos de un mes un juzgado abrió las puertas para que su caso sea un parteaguas a nivel nacional.
La Secretaría de Economía (SE) entregó dos concesiones a Almaden Minerals en 2003 y en 2000, sin haber consultado a la comunidad y sin consentimiento de los habitantes. La empresa canadiense planea hacer una mina a cielo abierto y los habitantes llevan años enfrentándose para detener la explotación minera; muchos están seguros de las afectaciones ambientales irreparables que causará, mientras que otros la aceptan por las oportunidades laborales que implicaría.
Pero en abril de 2015 el ejido Tecoltemic, acompañado por el Consejo Tiyat Tlali, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, interpuso un juicio de amparo contra la Secretaría de Economía, argumentando varias violaciones a sus derechos como pueblos indígenas.
Diana Pérez Rivera, abogada de Tiyat Tlali, explicó a LADO B que algunos de los argumentos que se señalan en el juicio son que la ley minera es inconstitucional y viola tratados internacionales, particularmente los artículos de la Ley Minera donde se da derecho a las empresas para ocupar el territorio y donde se les otorgan los derechos del agua. “Son una serie de cosas con la que afecta el derecho de las comunidades y lo hace anticonstitucional.”
La audiencia final del juicio se llevó a cabo este 5 de marzo, entrando a la etapa donde el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla tiene que analizar todas las pruebas presentadas.
De acuerdo con Diana Pérez el mejor de los escenarios implicaría que las autoridades resolvieron a favor de las comunidades, determinando la inconstitucionalidad de la Ley Minera por el uso privilegiado del agua, la ocupación del territorio y la preferencia de la minería sobre cualquier actividad, eso implicaría que cualquiera de esas concesiones se pudiera cancelar. Con eso se podría abrir un parteaguas para discutir otras concesiones mineras, en el marco del escenario nacional donde el gobierno federal acaba de anunciar que no cancelará las concesiones.
Aunque el peor escenario sería que la jueza no entrara al fondo del asunto y confirmara la constitucionalidad de la ley, Diana dijo que tienen la confianza que todas las pruebas del juicio –entre las que están dictámenes antropológicos y en agrimensura que comprueban que Tecoltemic es una comunidad indígena y su confirmación deviene antes de la creación del Estado Mexicano– son suficientes para sustentar el caso.
Esta no es la primera vez que se intenta analizar los cimientos y el fondo de la Ley Minera. En otras ocasiones lo que ha ocurrido es que las empresas se desisten de las concesiones, lo que deja al juicio sin materia.
Sin embargo, en el caso del ejido Tecoltemic es la primera vez que un juez determina que así se deben quedar las concesiones originales para la discusión del amparo. Pese a que durante tres años Almaden Minerals intentó desistirse de las concesiones para continuar el juicio sin sentencia, evadiendo así la revisión de la Ley Minera, un tribunal colegiado resolvió a favor de Tecoltemi. En febrero de 2018 la jueza mandó a restaurar la concesiones de Cerro Grande I y Cerro Grande II para la discusión de la etapa final del juicio de amparo, pese a que los intentos de la minera canadiense.
“En Ixtaca también la empresa buscó reducir sus concesiones, hacerlas cachitos, partirlas y desistirse de las que afectaban a Tecoltemi. Eso no funcionó porque el año pasado un tribunal le dio la razón al ejido diciendo que si hacían eso se quedaban sin materia de juicio”, explicó Diana.
Aunado a la espera, las agrupaciones y habitantes en contra de la mina lanzaron la campaña “¡A juicio #LaMinaOLaVida”, de difusión y recolección de firmas. La abogada de Tiyat Tlali dijo que la campaña es también para poner el asunto en la opinión pública enfatizando que es el primer caso que se va a resolver contra esta temática.
Durante casi media década los opositores han insistido en su rechazo al proyecto minero, no sólo mediante la estrategia legal sino también con movilizaciones como la “Caravana por la Vida en la Sierra Norte de Puebla” el 17 de marzo de 2018, o una manifestación en Vancouver, Canadá, en diciembre de 2017, afuera de la oficina central de la empresa minera.
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