San Raymundo Jalpan, Oax., 19 de abril de 2015.- El Pleno de la Legislatura del Congreso del Estado aprobó castigar con cárcel a toda persona que oferte servicios educativos sin tener autorización o el reconocimiento correspondiente, por considerar que es necesario sancionar a quienes lucran con el patrimonio de las familias oaxaqueñas.
La iniciativa presentada por la diputada Iraís González Melo expone que instituciones privadas funcionan de manera fraudulenta y se están estableciendo en lugares como Tlaxiaco, Pochutla, Miahuatlán, Putla de Guerrero, Pinotepa Nacional, Jamiltepec, Ocotlán de Morelos, Teposcolula y Juchitán, entre otras regiones del estado.
[quote_box_center]“Instituciones educativas privadas alcanzan un lucro indebido al recibir los pagos por parte de quienes estudian en ellas bajo el engaño de que estas instituciones cuentan con una autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, acreditado y avalado por las autoridades educativas”.[/quote_box_center]
“Reconozco el apoyo de mis compañeras y compañeros diputados de la LXII Legislatura, en la aprobación del ahora nuevo Capítulo VI de la Prestación Irregular de Servicios Educativos, en donde se adicionó el artículo 240 QUATER al Código Penal, imponiendo pena de prisión de seis a ocho años y multa de cinco mil a diez mil pesos al prestador de servicios educativos particulares que a sabiendas de que no tiene autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios conforme a la ley aplicable, manifieste en su publicidad o documentación tenerlo, no lo manifieste o argumente que se encuentra en proceso de reconocimiento o autorización”, explicó González Melo.
Asimismo, la representante popular externó su reconocimiento a la Comisión Permanente de Administración de Justicia, presidida por el diputado Gerardo García Henestroza así como de sus integrantes, en coincidir en la implementación de herramientas legales en favor de la ciudadanía oaxaqueña.
