Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Autoridades municipales, agencias y comités comunitarios enviaron una carta a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local con copia al Presidente Andrés Manuel López Obrador donde proponen a José Bernardo Rodríguez Alamilla para ocupar el cargo de defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
En el mismo documentos que es acompañado de firmas y sellos de las autoridades municipales denunciaron la “falta de transparencia y legalidad” de la comisión de Derechos Humanos presidida por la diputada de Morena, Magaly López Domínguez, quien junto con su homologa Elisa Zepeda Lagunas pretenden imponer a su compañero de Comuna-Oaxaca, César Mateos Benítez.
La carta firmada por Jesús Sánchez Santillán cuestionaron que en esa comisión legislativa “no tomen en cuenta el conocimiento probado del tema de derechos humanos y su ejercicio formal que propicie solamente una cuota de poder que dañaría fundamentalmente los tiempos de renovación republicana”.
Por consiguiente, agregaron, “señor presidente confiamos y esperamos en que su anhelo de justicia para con los oprimidos manifestado en sus palabras cobre eficacia apoyando lo mejor de las instituciones públicas y las mejores mujeres y hombres para desempeñar los cargos de importancia como el que ahora referimos”.
Argumentaron que proponen a Rodríguez Alamilla como ombudsman porque en el “terreno de los hechos hemos conocido su atención en resolución de problemas de violación de derechos humanos, muchos de ellos, incluso de peligro para su seguridad física”.
Consideran que las comunidades originarias han sufrido despojo de sus recursos naturales tales como bosques, tierras y aguas, por lo que la comunalidad adquiere un significado relevante.
Lamentablemente, abundaron, “gobiernos van y gobiernos vienen y la situación de explotación de nuestros pueblos es una constante que debe ser cancelada sobre todo en los tiempos actuales en que se propone una nueva visión de la república mexicana”.
Insistieron en que “los pueblos que tradicionalmente hemos sufrido la discriminación y olvido queremos poner un alto a situación tan irregular y en nuestra opinión, ese camino se hará realidad si se toma en cuenta con un gobierno efectivamente preocupados por los marginados de la historia, y de la misma forma que las instituciones y los ahora llamados órganos autónomos efectivamente cumplan su función dejando a un lado intereses grupales y personales.
Y en el caso de la Defensoría, si es cierto que en realidad es del pueblo y sobre todo del pueblo ancestralmente desposeído, necesita de un titular o defensor con carácter combativo y con conocimientos del tema que lo capaciten para el desempeño de su función.
Además de que su sencillez sea verificable debe estar alejado de compromiso eminentemente políticos y clasistas, alejado de la mancha de la corrupción que tanto daño ha hecho al país”.
