- Acusan al presidente municipal de Tlaxiaco de violar los derechos humanos
- Pide la CIDH al Estado mexicano medidas cautelares al joven y a su familia
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- El caso del joven Ángel Daniel Bautista Vásquez llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual le otorgó medidas cautelares a él como víctima de tortura y a su familia que es amenazada por el actual presidente municipal de Tlaxiaco, Gaudencio Ortiz Cruz y su policía.
Así lo dio a conocer el presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, Maurilio Santiago Reyes, quien refirió que en la resolución 38-2020 de fecha 18 de julio del 2020, la CIDH dictó la Medida Cautelar MC-636-20 a favor de Ángel y de su familia para que el Estado mexicano adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de las víctimas de tortura en Tlaxiaco.
“El Estado debe tanto asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de las personas beneficiarias de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros”, señala el documento.
También le pide al Estado mexicano un informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición.
La CIDH también solicita a México tenga a bien informar a la Comisión dentro del plazo de 10 días contados a partir de la fecha de la presente comunicación, sobre la adopción de las medidas cautelares acordadas y actualizar dicha información en forma periódica.
Cabe mencionar que el sábado 21 de marzo de 2020, aproximadamente a las 21:45 de la noche cuando el joven Ángel Daniel Bautista Vásquez, llegaba al domicilio de sus papás ubicado en el barrio San Nicolás, rumbo a la carretera a San Juan Mixtepec, en el momento en que descendía de un automóvil fue agredido por elementos de la policía municipal de la ciudad de Tlaxiaco, quienes iban a bordo de una patrulla efectuándole varios disparos de arma de fuego y lesionándolo con un impacto de arma de fuego en la pierna izquierda.
Una vez herido “se le abalanzaron, lo esposaron y se lo llevaron a un terreno baldío y lo torturaron y en la tortura fue fracturado de la pierna derecha”.
El joven Ángel Daniel Bautista Vásquez se encuentra actualmente en atención médica, ya que fue intervenido quirúrgicamente y hasta el momento no ha vuelto a caminar.
Fue el 20 de abril que presentó la denuncia penal por el delito de tortura y demás que resulten en contra de elementos de la policía municipal de Tlaxiaco.
Oportunamente el presidente municipal de Tlaxiaco, Gaudencio Ortiz Cruz se enteró de los hechos por el informe que le entrego la Agenta Municipal del Barrio de San Nicolás, Tlaxiaco y hasta el momento los policías responsables siguen trabajando normalmente, sin que se les haya sancionado administrativamente.
Actualmente no se ha detenido a ninguna persona por dichos hechos y la familia de la víctima ha sufrido constantes amenazas por parte de elementos de la policía municipal de Tlaxiaco.
Hizo hincapié que el actual presidente municipal de Tlaxiaco asumió el cargo luego que el edil que ganó la elección, Alejandro Aparicio Santiago, fue asesinado a unos días de asumir el cargo.
Ortiz Cruz ha sido denunciado porque desde que asumió el mandato se ha caracterizado por ser una persona arbitraria y que ha violentado constantemente los derechos humanos de la ciudadanía de Tlaxiaco.
Recientemente emitió un comunicado donde advierte a sus comunidades, poblaciones circunvecinas, comercio establecido, comercio informal que “está estrictamente prohibido el ejercicio del comercio semifijo y ambulante en la vía pública, quien infrinja estas disposiciones se hará acreedor a una multa de 40 a 100 días de salario mínimo, arresto por 36 horas o el aseguramiento de los bienes dependiendo de la gravedad de la falta”.
Dicha determinación es violatoria de derechos humanos, violenta la libertad de tránsito, el derecho al trabajo y el derecho a la propiedad privada.
Además. Esta determinación violenta los derechos de las personas más vulnerables, como son las mujeres indígenas de los pueblos y comunidades circunvecinas que vienen a vender sus productos a la ciudad de Tlaxiaco.
La policía municipal de Tlaxiaco sustentado en ese mandamiento anticonstitucional ha violentado constantemente los derechos de la ciudadanía en general.
