La tarde del lunes 12 de marzo un grupo de cinco periodistas independientes fueron detenidos y encañonados en Caborca por varios hombres, quienes dijeron proteger “los intereses de Rafael Pavlovich”, tío de la gobernadora de Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.
Los periodistas realizan una investigación sobre la industria minera en Sonora, por ello acudieron al ejido El Bajío, en el municipio de Caborca, donde ejidatarios fueron desaparecidos y amenazados por su oposición a la explotación minera en el lugar.
Durante la cobertura los hombres armados llegaron en una Suburban negra encapuchados y con armas largas. Pusieron a los comunicadores de espaldas sobre su automóvil, los interrogaron y les pidieron identificaciones. Luego los obligaron a salir del ejido, diciendo proteger los “los intereses de Rafael Pavlovich”.
Los comunicadores, quienes se encuentran ilesos, constataron que el predio sigue ocupado por Rafael Pavlovich, que a través de gente armada que vigila la mina, a pesar de que en noviembre del año pasado un operativo de seguridad desalojó a las personas ajenas al ejido.
El ataque contra los comunicadores se da en un contexto en el cual Rafael Pavlovich Durazo tiene dos denuncias ante la Fiscalía del estado por la presunta desaparición del presidente ejidal, José de Jesús Robledo Cruz, y otros dos ejidatarios de El Bajío.
De acuerdo con una nota de Dossier Político, los ejidatarios de El Bajío ganaron un juicio en 2014 contra la minera estadounidense Penmont, subsidiaria del mexicano grupo Peñoles, por la extracción ilegal de oro y plata. Dentro de la sentencia del Tribunal Agrario número 28 se ordenó el pago de una indemnización por 350 millones de dólares, así como la reparación del daño patrimonial del ejido y la remediación ambiental.
Sin embargo, dentro de esa sentencia se incluyó como beneficiario a Pavlovich Durazo, aunque no es o ha sido ejidatario de El Bajío, con lo cual el tío de la actual gobernadora ha continuado la operación de la mina dentro de los terrenos del ejido.
Los periodistas continúan en la región, por lo que se vuelve imperante que las autoridades locales asuman la responsabilidad de proveer un contexto de seguridad para que no se interrumpa la investigación periodística.
