¿Qué hay detrás de la disminución en las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en esta capital? Detrás, también están las enormes barreras que persisten para acceder a este derecho: burocráticas, de desinformación, de recursos humanos y de clase.
Texto: Mely Arellano y Daniela Rea / Lado B y Pie de Página*
Fotos: Isabel Briseño
CIUDAD DE MÉXICO. – Diana tiene 35 años, una hija y un embarazo de 10 semanas. Una mañana de invierno del 2022 acudió a la clínica pública México-España, ubicada en la delegación Miguel Hidalgo, para interrumpir ese embarazo. Sabe que en la Ciudad de México el aborto está despenalizado, así que buscó en internet el procedimiento, los lugares y los requisitos.
La mañana que acudió a la clínica era la décima en la fila. Antes de ella había una joven que venía de Querétaro acompañada de su mamá; y una chica con uniforme de secundaria acompañada de dos amigos con el mismo uniforme, entre otras mujeres. A las 7 de la mañana ya eran unas 30 personas y para las 8, cuando entregaron las fichas, la mitad se tuvo que ir a su casa por no alcanzar turno.
Cuando la trabajadora social le revisó sus documentos le dijo que le faltaba una prueba de sangre. “Eso no está en los requisitos de internet”, espetó, “pero se necesitan y sin ellos no puedes entrar”, le respondió la mujer. Ni hablar. Diana regresó a casa con su ficha y su embarazo.
Al día siguiente decidió no volver a intentarlo ahí, porque no le darían permiso en el trabajo y no quería exponerse a más incertidumbre en un proceso ya de por sí complicado. Terminó yendo a una clínica particular donde pagó 3 mil 500 pesos (unos US$ 193) por el procedimiento de aspiración sin anestesia. Hubiera elegido no sentir el dolor que sintió, pero no tenía los 2 mil 500 pesos adicionales para ello.
Después de luchar 50 años por la despenalización del aborto y lograrlo desde hace 15 años, en la Ciudad de México el aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación, pero el acceso a este derecho enfrenta muchas barreras: de información, de recursos materiales y humanos, administrativas y de clase.
Citlali es una joven del Estado de México. Cruzó la frontera invisible con la Ciudad de México para realizarse un aborto. Llegó a una de las clínicas públicas en el norte de la ciudad y, además de que la trabajadora social la quería disuadir de realizarlo, le quiso cobrar 3,000 por un procedimiento. Citlali no lo sabía que tiene derecho a un aborto legal, seguro y gratuito, tan sólo había escuchado que ahora podía abortar sin el riesgo de ser llevada a la cárcel.
Abortar en la Ciudad de México y la forma en cómo lo hacemos es una cuestión de privilegio.
