Textos: José Ignacio De Alba
Imágenes: Mónica González
El colectivo ciudadano Seguridad sin Guerra, que reúne a más de 100 organizaciones civiles, calificó ayer como una simulación las propuestas para modificar algunos puntos del dictamen de reforma constitucional con la supuesta intención de convertir la Guardia Nacional en un instrumento de seguridad pública civil.
En posicionamiento público, el colectivo, que participó en las 10 mesas temáticas de discusión después de que finalizó el periodo ordinario de sesiones en el Congreso, señala que el dictamen y las propuestas para modificarlo mantienen la posibilidad de crear una Guardia Nacional de carácter militar.
La Guardia Nacional está a 334 votos de ser aprobada hoy en el periodo extraordinario de la Cámara de Diputados, con mayoría de Morena.
A unas horas de que el dictamen se lleve al Pleno del Congreso, 100 organizaciones no gubernamentales insistieron que no se deje en manos castrenses la seguridad del país. La Guardia Nacional propuesta en el “Plan Nacional de Seguridad y Paz” se conformaría de militares, marinos y policías militares; además de la reclutar a 50 mil personas en planteles del Ejército.
Las distintas organizaciones de derechos humanos y colectivos de reprueban que el plan del nuevo gobierno mantenga al Ejército al frente de la seguridad pública. Además de entregarle tareas investigativas a las Fuerzas Armadas.
La negativa a la iniciativa llegó a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas quien hizo un llamado a los legisladores a que sean autoridades civiles las que lleven a cabo las tareas de seguridad. Y alertó de los peligros de que el Ejército participe en la procuración de justicia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió que se respeten las garantías individuales y las disposiciones internacionales.
La iniciativa de la Guardia Nacional, hecha por legisladores de Morena, llega después de 12 años en que el Ejército y la Marina participan en tareas de seguridad en las calles sin contar con una legislación. Las Fuerzas Armadas buscaron desde el sexenio pasado hacerse de un marco legal que les dé certidumbre, al final la iniciativa fue desechada por la presión de los ciudadanos y de organizaciones no gubernamentales.
El gobierno de López Obrador tiene todo a favor para que se apruebe la Guardia Nacional: su partido y sus aliados tienen mayoría en el Congreso (308 escaños de 500), además de que cuenta con un amplio apoyo entre los ciudadanos, en un momento en que los reflectores están sobre el combate a las mafias de “hauchicol”.
En entrevista, Ixchel Cisneros, integrante del colectivo “Seguridad Sin Guerra”, dijo que la Guardia Nacional pretende “legalizar algo que ya existe y que no ha funcionado”. Además asegura que alargar las operaciones militares traerá “más muertos y más desaparecidos”.
México tiene cerca más de 30 mil desaparecidos y cerca de 200 mil asesinados, desde que el expresidente panista Felipe Calderón inició la llamada guerra contra las drogas. Desde entonces, el país inició un ciclo de violencia que ha aumentado. El colectivo Seguridad Sin Guerra asegura que “la militarización es contraria a un proyecto de construcción de paz”.
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Cuando López Obrador estaba en campaña aseguró que mandaría a los militares a los cuarteles y que se empeñaría en la consolidación y capacitación de las policías locales. Pero pasado el tiempo, López Obrador optó por un antídoto que atendiera la creciente violencia de forma más rápida.
La mañana de este martes, el presidente López Obrador dijo ante medios que esperaba que esta semana fuera aprobada la Guardia Nacional por el Congreso, además aclaró que habrá un mando civil y otro militar. Las organizaciones no gubernamentales criticaron que el mando civil sólo se ocupe de las cuestiones administrativas.
En total los diputados de Morena contemplan que sean cambiados 13 artículos constitucionales para que quede afianzada la Guardia Nacional.
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