Pedro Matías
OAXACA, Oax. (#pagina3.mx).- La Comisión de la Verdad demandó a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Fiscalía de Justicia de Oaxaca resguardar e inspeccionar domicilios donde presuntamente ocurrieron inhumaciones clandestinas de personas desaparecidas entre 2006 y 2007 como lo dio a conocer el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
La Comisión de la Verdad que preside el Padre Alejandro Solalinde Guerra exhortó a la titular de la PGR, Arely Gómez González, así como al Fiscal de Justicia de Oaxaca, Joaquín Carrillo Ruiz, a que emprendan las acciones necesarias para investigar lo sucedido y garantizar que estos lugares donde pudieron haberse cometido crímenes de lesa humanidad, no sean alterados con el fin de eliminar evidencias.
Por lo pronto, la Comisión se quejó que en noviembre pasado presentaron una denuncia en la Fiscalía para Delitos de Trascendencia Social de Oaxaca e hizo la diligencia requerida ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, con el fin de confirmar o descartar la existencia de fosas clandestinas. Sin embargo, esta es la fecha en que ninguna de estas dos instancias ha ofrecido una respuesta a este proceso iniciado.
Cabe recordar que el pasado 3 de febrero, el autodenominado Partido Democrático Popular Revolucionario – Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) emitió un comunicado dirigido a la Comisión de la Verdad en la que denuncian que en diversos lugares de Oaxaca “fueron enterrados clandestinamente luchadores sociales y víctimas del terrorismo de Estado en los años 2006 y 2007”.
También mencionan que “dentro del contexto de terrorismo de Estado que afecta a todo el pueblo, es una necesidad que éste conozca la verdad histórica, en la cual su labor es loable en el esfuerzo colectivo para que se castigue a los responsables intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad”.
La Comisión de la Verdad agregó que a partir de la información entregada con antelación por el grupo guerrillero y por otros testimonios recabados durante el transcurso de su investigación, detectaron la probable existencia de lugares en los cuales se habrían llevado a cabo inhumaciones clandestinas.
Aclaró que por tratarse de información delicada y de alta prioridad, la Comisión tomó la decisión de iniciar las gestiones correspondientes ante las instituciones oficiales encargadas de la administración de justicia en Oaxaca y en el país, con el fin de llevar a cabo las acciones requeridas con urgencia.
Hizo hincapié que la Comisión de la Verdad se encuentra en su etapa final de trabajo, llevando a cabo la integración y redacción de su informe final, resultado de una exhaustiva investigación de los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca en los años 2006 y 2007, durante la administración del gobernador Ulises Ruiz Ortiz y de los presientes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.
Adelantó que integrará de manera detallada esta información en su informe final, el cual será dado a conocer el próximo 29 de febrero mediante un acto público en el que se buscará atender la necesidad de verdad, justicia, reparación del daño y no repetición que demandan las víctimas del 2006 y 2007 y la sociedad oaxaqueña en su conjunto.
