Nayeli Roldán (@nayaroldan) / Animal Político
En la localidad de Lázaro Cárdenas, en el municipio de Palenque, Chiapas, enfermarse era una tragedia. Los habitantes sabían que muy probablemente no tendrían servicio en el centro de salud porque la doctora sólo iba dos veces a la semana. Algunos murieron porque no pudieron llegar al hospital en la cabecera municipal, a cinco horas de camino.
En 2015, la organización Artículo 19 llegó a ese municipio para impartir talleres sobre el derecho a la información. Aunque en un principio parecería que no había relación entre el acceso a los servicios de salud y la transparencia, los habitantes encontraron la forma de conseguir uno de los derechos a través del ejercicio de otro.
Tiempo después se enteraron que el centro de salud tenía 15 mil 778 pesos de presupuesto para medicinas y 28 mil 105 pesos para el salario de la doctora. Con esa respuesta acudieron con el presidente municipal, la Secretaría de salud estatal y la Comisión de Derechos Humanos local para exigir el servicio.
La doctora fue destituida y a partir del 1 de octubre de 2015, el centro de salud comenzó a operar con otro doctor y con las medicinas indispensables. Esta es una historia de empoderamiento a la comunidad ejerciendo su derecho a la información, sostiene Dominique Amezcua, integrante de Artículo 19; sin embargo, es difícil lograrlo cuando el mismo sistema de transparencia olvida a las pequeñas comunidades.
Discriminación y racismo
Artículo 19 y la organización Casa de la Mujer Ixim Ansetic han impartido talleres en 30 localidades de Tabasco y Chiapas en los últimos dos años sobre el derecho de acceso a la información, dirigido sobre todo a mujeres.
Una vez que las personas conocen sus derechos y los mecanismos para ejercerlos, efectivamente ocurre. Por eso, otras comunidades lograron que se hiciera una auditoría a una escuela para comprobar que la obra de construcción efectivamente costó lo que las autoridades reportaron; otros más defendieron sus tierras ante una obra de construcción privada.
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