Con más de mil firmas impulsan amparo colectivo contra apagones de CFE
Habitantes de Unión Hidalgo y comunidades vecinas acuden a la vía jurídica ante interrupciones eléctricas que, denuncian, se prolongan por horas e incluso días.
Habitantes del Istmo de Tehuantepec impulsan un amparo colectivo contra la CFE por apagones prolongados.
Más de mil personas firmaron un amparo colectivo contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por los apagones masivos que se han prolongado no solo por horas, sino incluso por días en municipios del Istmo de Tehuantepec.
El recurso, impulsado desde la sociedad civil con el acompañamiento legal del despacho Regalado y Galindo, busca obligar a la empresa pública a brindar un servicio eléctrico de calidad a miles de familias afectadas.
Pese a que las y los usuarios se han organizado mediante manifestaciones en oficinas de la CFE y bloqueos carreteros, señalaron que la empresa no ha resuelto la problemática y que las interrupciones del servicio continúan, sin importar las afectaciones económicas, domésticas y de salud.
En el amparo colectivo participaron más de mil usuarios de Unión Hidalgo, así como de localidades vecinas como Chicapa de Castro, San Dionisio del Mar y Santo Domingo Ingenio, quienes también denunciaron apagones constantes y daños a aparatos electrónicos.
“Estamos acá porque ha sido una situación muy lamentable con la CFE, apagones diarios, y lo peor es que mi mamá se inyecta insulina, que se ha descompuesto porque no hay refrigeración. Esto ya atenta contra la salud”.
Así lo expuso María Santiago, una de las afectadas, al señalar que las fallas eléctricas han puesto en riesgo medicamentos que requieren refrigeración.
“En mi caso tengo un molino, donde la gente acude a la molienda de maíz para los tamales y las tortillas, pero sin luz la gente deja de trabajar, se paraliza todo. Entonces se trata de un problema ya más masivo, que la CFE no atiende”.
Rosa María, otra usuaria afectada, explicó que el problema ha rebasado el ámbito doméstico y golpea directamente las actividades económicas de la región.
Edward Martín Regalado, abogado originario de Unión Hidalgo y representante legal del despacho Regalado y Galindo, explicó que el amparo busca visibilizar la problemática desde el ámbito jurídico y exigir una respuesta institucional.
“Lo que vamos a hacer es mostrar esta realidad desde el ámbito jurídico. Para el martes 26 de mayo el amparo se meterá ante las instancias correspondientes, y pienso que en un lapso de diez o quince días ya tendremos respuesta. No es normal que existan apagones y la CFE debe resolverlo”.
Usuarias y usuarios lamentaron que la interrupción constante de energía eléctrica, sumada al calor extremo que se vive en la región del Istmo de Tehuantepec, haya convertido el problema en una situación de riesgo para la salud.
“Hay bebés, adultos mayores, gente enferma que tiene que aguantar horas sin un ventilador o un clima. Los de la CFE dicen que tantos climas prendidos provocan los apagones; nosotros les decimos: pues que coloquen transformadores de mayor potencia, porque dormir con 35 grados o más es imposible”.
Autoridades de Oaxaca han señalado que la CFE ya tiene conocimiento de la situación y que se realizan trabajos de rehabilitación de líneas desde la zona de San Juan Guichicovi hasta el centro del Istmo de Tehuantepec. Sin embargo, habitantes consideran que las labores avanzan con lentitud.
Análisis
El amparo colectivo representa un cambio en la estrategia de presión social contra la CFE. Las comunidades afectadas han pasado de la protesta en calles y oficinas a una ruta jurídica que busca obligar a la empresa a responder por la continuidad y calidad del servicio eléctrico.
El caso coloca los apagones en una dimensión más amplia: no se trata únicamente de una molestia doméstica, sino de un problema que impacta la salud, la economía local, la conservación de medicamentos, la producción de alimentos y la vida cotidiana en una región con temperaturas extremas.
La demanda ciudadana apunta a un punto sensible: si las familias pagan el servicio, esperan que la infraestructura eléctrica responda a las condiciones reales del territorio. En zonas de alto calor, donde ventiladores, refrigeradores y aires acondicionados son parte de la sobrevivencia diaria, la falta de energía puede convertirse en una emergencia social.
El desafío para la CFE y las autoridades estatales será demostrar que las obras de rehabilitación no son solo anuncios, sino acciones con plazos claros, responsables definidos y resultados medibles para las comunidades afectadas.
El abogado del diablo
Desde otra perspectiva, la CFE podría argumentar que el aumento en la demanda de energía durante temporadas de calor extremo presiona una infraestructura que requiere mantenimiento, ampliación y sustitución gradual. Bajo esa lógica, los apagones no serían necesariamente producto de omisión deliberada, sino de una red rebasada por el consumo y por condiciones climáticas cada vez más severas.
También podría sostenerse que las obras de rehabilitación en líneas eléctricas toman tiempo, requieren planeación técnica y no siempre pueden resolverse con respuestas inmediatas, especialmente si abarcan varios municipios y tramos de infraestructura regional.
Sin embargo, ese argumento no elimina la obligación institucional de informar con claridad, establecer calendarios, atender daños reportados y proteger a usuarios vulnerables, especialmente personas enfermas, adultos mayores, niñas, niños y familias que dependen de la energía eléctrica para conservar medicamentos o sostener su actividad económica.
La pregunta de fondo no es solo si los apagones tienen una explicación técnica, sino si la CFE está respondiendo con la urgencia, transparencia y responsabilidad que exige una afectación colectiva de esta magnitud.
