Jaime GUERRERO
OAXACA, (página3.mx).- El gobernador Gabino Cué Monteagudo, pidió a la LXII Legislatura reformar la Ley de Deuda Pública para obtener recursos adelantados del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y cuya fuente de pago será única y exclusivamente los recursos presentes y futuros derivados de la afectación del FAM hasta por 25 años.
En su iniciativa de reforma a la Ley de Deuda Pública y cuyo dictamen será votado este jueves por el pleno del Congreso del Estado, el mandatario estatal, justificó que la Ley de Coordinación Fiscal establece la integración la aportación denominada FAM constituida anualmente por los recursos que representen el 0.814 por ciento de la recaudación federal participable y son destinados por cada uno de los Estados en un 46 por ciento al otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimenticios y asistencia social, a través de instituciones públicas.
En un 54 por ciento a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad de universitaria.
¿Qué son los Bonos de Infraestructura Educativa?
Certificados Bursátiles Fiduciarios cuya fuente de pago es el FAM de las Entidades Federativas, el cual se determina cada año como el 0.814% de la Recaudación Federal Participable, lo que lo hace un flujo de recursos fácil de proyectar.
¿Cómo se utilizarán los recursos obtenidos?
Los recursos obtenidos de manera bursátil mantendrán el mismo fin que tienen actualmente, sin embargo, en preparación al lanzamiento del programa, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa han definido una cartera de proyectos de mejoramiento en el orden de los 50,000 millones de pesos, cifra equivalente al monto estimado para la colocación de Bonos de Infraestructura Educativa.
Cué Monteagudo refirió que el artículo 52 de la Ley de Coordinación Fiscal dispone que los recursos que anualmente reciba el Estado derivados del FAM podrán ser destinados hasta en un 25 por ciento para servir como garantía o fuente de a aquellas obligaciones que se contraigan por la implementación de mecanismos financieros de potenciación, financiamiento o similares de los recursos que integren el FAM para que sean destinados a infraestructura directamente relacionada con ese fondo.
Para contraer un nuevo compromiso financiero, Cué Monteagudo argumenta que el nivel de flujo de los recursos del FAM que anualmente recibe el Estado es insuficiente ya que los montos de inversión que para infraestructura física educativa se destinan, no coinciden con las que actualmente requieren los niveles de educación básica, media superior y superior.
“Lo anterior genera que los recursos del FAM se distribuyan y destinen en obras de infraestructura que no generan el impacto esperado, o bien, resulten insuficientes para generar el impacto que la educación en la Entidad exige”.
Así, a propósito de que el Gobierno Federal, ha diseñado el “Programa” cuyo objetivo es crear un mecanismo de potencialización de recursos mediante un esquema a través del cual las entidades federativas, que accedan voluntariamente al “Programa”, Cué Monteagudo propuso potencializar los recursos presentes y futuros hasta por 25 por años que les corresponde con cargo al FAM.
Argumentó que al suscribir el convenio con el gobierno federal para acceder al “Programa”, se podrán obtener anticipadamente a valor presente recursos provenientes del FAM en su componente para la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física educativa.
Cué Monteagudo aseguró en su justificación que los recursos de “Programa” permitirán a los Estados de la Federación y el Distrito Federal, obtener los recursos y liquidez necesarios pata detonar la construcción, mantenimiento y rehabilitación de aquellos proyectos de infraestructura física educativa de Oaxaca.
El gobernador aseguró que las obligaciones que Oaxaca asumirá al suscribir el “Convenio” no se constituirá deuda pública porque se plantea la creación de un fideicomiso privado para la emisión de Certificados de infraestructura Escolar (CIES), cuya fuente de pago será única y exclusivamente los recursos presentes y futuros derivados de la afectación del FAM que cada entidad federativa aporte al “Programa”.
Además la afectación de los recursos del FAM que se aporten al “Programa” tendrán una vigencia de 25 años. Transcurrido ese periodo de tiempo, el derecho a recibir los recursos que integren el FAM será revertido al Patrimonio del Estado con independencia si se liquidaron o no en su totalidad los CIES.
Para ello, Cué Monteagudo pidió a la LXII Legislatura reformar la ley de deuda pública para suscribir convenios con la Federación para establecer mecanismos de potenciación o financiamiento.
