Jaime GUERRERO
Con 31 votos a favor, el Congreso de Oaxaca aprobó en Sesión Extraordinaria, la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, para fortalecer la capacidad institucional y así enfrentar uno de los delitos que más afecta a la ciudadanía.
La nueva ley establece que los centros penitenciarios deberán implementar sistemas tecnológicos para inhibir llamadas y transmisiones de datos que puedan ser utilizadas para cometer extorsiones desde su interior.
Asimismo establece la coordinación de autoridades estatales y municipales en tareas de prevención, investigación y persecución, y dota a las instancias ministeriales y judiciales de herramientas para actuar con mayor eficacia.
La ley incluye la intervención de comunicaciones previa autorización judicial, cateos, revisión de información bancaria y peritajes que permitan descartar el uso no autorizado de líneas telefónicas o perfiles digitales.
La legislación incorpora modalidades de extorsión cometidas a través de plataformas tecnológicas, redes sociales, videojuegos, mensajería instantánea y otros medios electrónicos, y ordena a los concesionarios de telecomunicaciones el bloqueo inmediato de líneas reportadas como robadas o extraviadas.
La reparación del daño se establece como pena pública obligatoria en toda sentencia condenatoria, mientras que las personas juzgadoras podrán imponer medidas cautelares que impidan al imputado comunicarse con víctimas o testigos mediante cualquier medio digital o físico.
La ley también mandata la creación del Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, encargado de recibir, canalizar y dar seguimiento a denuncias, así como de diseñar programas que fomenten la participación ciudadana en la prevención del delito.
Este organismo deberá entrar en operación en un plazo máximo de 180 días hábiles, con presupuesto asignado por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
En el mismo periodo, los centros penitenciarios deberán implementar sistemas tecnológicos para inhibir llamadas y transmisiones de datos que puedan ser utilizadas para cometer extorsiones desde su interior.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política, Tania Caballero Navarro, afirmó que esta ley representa un avance trascendental para responder a un delito que ha vulnerado la vida comunitaria y afectado la economía local.
Destacó que la nueva normativa alinea a Oaxaca con la agenda nacional en materia de seguridad y protección a víctimas, impulsada desde el Gobierno de México.
El diputado Benjamín Viveros Montalvo indicó que la reforma cumple con el mandato de armonizar la legislación estatal con los criterios federales y dota a las instituciones de mecanismos claros y homologados para actuar.
Añadió que la creación del Centro de Atención a Denuncias permitirá brindar apoyo inmediato a las víctimas, lo que constituye un paso importante en la protección de la ciudadanía.
