JAIME GUERRERO
El pleno de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado aprobó con 35 votos a favor la desaparición del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Agustín Amatengo, Distrito de Ejutla, para el periodo 2025-2027.
Esa decisión se dio luego de que la totalidad de sus concejales propietarios y suplentes presentaron renuncias irrevocables ante la comisión dictaminadora.
La votación ocurrió en un ambiente de tensión interna dentro de la bancada de Morena, tras acusaciones de corrupción lanzadas desde la tribuna por la diputada Concepción Rueda Gómez contra el presidente de la comisión dictaminadora, el diputado Mauro Cruz Sánchez.
Antes de que el dictamen se sometiera a votación, Rueda Gómez tomó la tribuna y acusó al diputado Mauro Cruz Sánchez de presuntos actos de corrupción en la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios que él encabeza.
Aseguró que el legislador utiliza su cargo para ofrecer a comunidades la elevación de rango de sus categorías territoriales a cambio de 100 mil pesos.
En su intervención, la legisladora de Morena también hizo un llamado a que el Congreso sea un espacio donde se cuestionen y evidencien conductas que atenten contra los derechos de mujeres, niñas y adolescentes.
Advirtió que “el patriarcado está más presente de lo que muchos y muchas quieren reconocer”, con presencia en las instituciones y en las decisiones políticas cotidianas.
Respecto a las agresiones que sufrió al final de la sesión en la que se truncó la destitución de la presidenta municipal de Amatengo, responsabilizó a Mauro Cruz Sánchez.
Asimismo anuncio que pedirá que se investigue las denuncias sobre presuntos, actos de corrupción en las que Mauro Cruz Sánchez pide 100 mil pesos para la elevación de rango de categorías a las comunidades.
En respuesta, Cruz Sánchez retó desde su curul a su compañera de bancada a presentar pruebas ante la Fiscalía y formalizar sus denuncias, rechazando los señalamientos.
El diputado respondió de manera visiblemente nerviosa y atropellada.
El expediente CPGAA/390/2026, firmado por Cruz Sánchez y el resto de sus integrantes, el seis de marzo pasado, documenta una cadena de conflictos entre los integrantes del ayuntamiento que se remonta al 11 de noviembre de 2025, cuando un grupo de ciudadanos del municipio retuvo a la presidenta municipal, Italivy Sarahí Juárez Ramírez, al interior del palacio municipal para exigir su renuncia.
La Secretaría de Gobierno, a cargo de José de Jesús Romero López, describió en su informe al Congreso una situación de ingobernabilidad con suspensión de servicios básicos como agua potable, recolección de basura y atención médica, así como ausencia de mandos de seguridad pública.
El 24 de febrero de 2026, el Congreso había determinado improcedente una solicitud de revocación de mandato presentada contra la presidenta municipal por regidores del ayuntamiento.
Al conocerse la resolución, se registraron actos de violencia al interior y exterior del recinto legislativo, en los que un grupo de personas provenientes del municipio retuvo y trasladó en contra de su voluntad a la presidenta municipal.
El gabinete de seguridad del estado logró localizarla y rescatarla.
Ante ese escenario, el 26 de febrero la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios dictó el acuerdo de radicación del expediente de desaparición.
Entre el 27 de febrero y el 2 de marzo, los siete concejales propietarios —encabezados por Juárez Ramírez— y seis de los suplentes ratificaron personalmente sus renuncias irrevocables ante la propia comisión, lo que configuró la acefalía total del cabildo y eliminó la posibilidad de notificarles formalmente el procedimiento.
El dictamen acredita cuatro causales de desaparición previstas en el artículo 58 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca: la imposibilidad de funcionamiento por falta absoluta de integrantes sin suplentes disponibles.
Asimismo, el riesgo a la vida, salud y dignidad de los habitantes por la paralización de servicios esenciales; los conflictos reiterados entre los miembros del cabildo que impidieron el ejercicio de sus funciones.
De la misma forma, la afectación grave a la hacienda pública municipal, sustentada en que ningún integrante del ayuntamiento gestionó ante la Secretaría de Finanzas la ministración de recursos de los ramos 28 y 33, y en que el municipio no presentó su cuenta pública 2025 ante la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado.
El decreto ordena comunicar la desaparición al titular del Poder Ejecutivo para el nombramiento inmediato de un encargado de la administración municipal, quien ejercerá el cargo por 90 días, al término de los cuales el gobernador deberá proponer al Congreso la integración de un Consejo Municipal.
San Agustín Amatengo es un municipio del Distrito de Ejutla, en la región de los Valles Centrales de Oaxaca. El ayuntamiento disuelto había sido electo para el periodo constitucional 2025-2027.
