- Pasaron 10 años para que otra entidad del país permitiera la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), después de la Ciudad de México.
- La salud reproductiva y la decisión a la maternidad, son temas de derechos humanos y justicia social, coinciden en foro.
San Raymundo Jalpan, Oax. 25 de septiembre de 2020.- A un año de aprobarse la interrupción legal del embarazo en Oaxaca, se realizó un foro virtual en donde la legisladora Hilda Graciela Pérez Luis, integrantes de organizaciones civiles, representantes de la academia y el sector salud, coincidieron en que La salud reproductiva y la decisión a la maternidad, son temas de derechos humanos y justicia social.
En el foro, denominado “A un año de la despenalización de la interrupción del embarazo en Oaxaca”, la legisladora detalló que pasaron 10 años para que Oaxaca se convirtiera en la segunda entidad del país, después de la Ciudad de México, en despenalizar el aborto y respaldar la decisión a una maternidad elegida.
El 25 de septiembre del 2019, el Congreso Local, justamente en el Día Naranja por una Vida Libre de Violencia, aprobó una modificación al Código Penal, misma que fue publicada en el Periódico Oficial el 24 de octubre del mismo año, según el folio 2019/10/EXT-DECRETO806. Lo anterior, después de un análisis exhaustivo con información científica actualizada que incluyó la realización de foros y conversatorios, con un enfoque y responsabilidad social que contribuyeron a una decisión informada para las y los congresistas.
De su lado, Rebeca Ramos Duarte, en representación del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), enfatizó en la validez legal de la reforma antes señalada. Apuntó que existen decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señalan la vigencia plena de la ILE en la entidad, misma que es un mecanismo de protección para las mujeres, incluso aquellas que enfrentan procesos judiciales y quienes se verían beneficiadas con el principio constitucional de retroactividad.
En su oportunidad, la subdirectora de Innovación y Calidad de los Servicios de Salud, Rosa Lilia García Kavanagh, sostuvo que la dependencia enfrenta el reto de proporcionar un acceso real para que las mujeres accedan al aborto legal y seguro. También, afirmó que el personal del sector permanece en capacitación constante para aplicar métodos modernos y apegados a protocolos médicos que erradiquen la violencia obstétrica.
Mientras que, Jeniffer Jiménez González, integrante de la Fundación Mexicana para la Planificación Familiar, subrayó que la decisión de la 64 Legislatura es un logro que amplía los derechos reproductivos de la mujer. Asimismo, reconoció que se necesita la difusión de ese derecho y los mecanismos para ejercerlo, y generar las condiciones sociales que protejan a las mujeres en su decisión.
La representante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Mayra Morales, sostuvo que la ILE en Oaxaca, materializa el trabajo que varias décadas atrás iniciaron mujeres y que ahora se construye en una nueva realidad para que la decisión de una maternidad elegida contribuya a integrar una sociedad más justa.
Desde la perspectiva de la academia, Yamille Gómez Fernández, directora de Equidad y Género de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, destacó el trabajo de organizaciones y el Congreso local, ya que la reforma al Código Penal permite que la despenalización del aborto se fundamente en conocimientos científicos y con un enfoque de derechos como lo tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Adicionalmente, planteó que se trata de un tema de justicia social que debe contrastarse de los discursos en su contra, mediante una mayor información para evitar que una corriente de opinión incida en la decisión libre de las mujeres por el temor a ser estigmatizadas, incluso a ser orilladas a procesos de aborto en condiciones que pongan en riesgo su vida.
Finalmente, la representante popular, Hilda Pérez Luis, reconoció la voluntad de diversos sectores para avanzar en los derechos reproductivos de las mujeres. Refrendó su compromiso social con el avance de diversas reformas en análisis de las comisiones legislativas para que el sector salud tenga las herramientas normativas para hacer efectivos esas garantías constitucionales.
