Jaime GUERRERO
OAXACA (#página3.mx).- Luego de que un juez federal giró órdenes de aprehensión en contra del ex procurador de Oaxaca Evencio Nicolás Martínez Ramírez, el ex director de la Policía Ministerial, Daniel Camarena Flores, así como de otros mandos ministeriales, por su probable responsabilidad en la desaparición forzada -en 2007- de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), la LXIV Legislatura, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR), investigue a los ex presidentes panistas, Vicente Fox, Felipe Calderón; al ex gobernador, Ulises Ruiz Ortiz y al ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, por su presunta participación en crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado en contra del movimiento social magisterial oaxaqueño en 2006 y 2007.
El punto de acuerdo fue aprobado con 28 por los diputados de Morena y el PT. El PRI abandonó el salón de sesiones durante la votación.
En tribuna, la diputada de la bancada de Morena, Arcelia López Hernández -familiar del dirigente de la Sección 22 del SNTE, Eloy López Hernández- dijo que quienes conocen la represión gubernamental al movimiento social y magisterial de Oaxaca de 2006 y 2007, celebran el proceso que derivó en las órdenes de aprehensión contra el ex procurador de Ruiz Ortiz.
“Reconocemos y celebramos, pero aún deben investigarse más hechos y más participantes en esos delitos de lesa humanidad que constituyen violaciones graves a los derechos humanos de los maestros de la heroica sección XXII y el movimiento social del pueblo de Oaxaca”, demandó.
López Hernández, aseguró que en la represión al pueblo de Oaxaca y magisterio por parte de los gobiernos federal y estatal se violaron de manera masiva y sistemática diversos derechos humanos como la presunción de inocencia, y los derechos humanos relacionados con el debido proceso y las garantías judiciales, así como el derecho a la justicia.
“Los gobiernos de Felipe Calderón y Ulises Ruiz Ortiz cometieron detenciones arbitrarias; tratos crueles, inhumanos y degradantes; desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. La tortura fue sistemática y generalizada. Así lo determino la suprema corte de justicia de la nación como violaciones graves a los derechos humanos de los que intervinieron en ese movimiento social y magisterial”, refirió.
recordó que Arcadio Fabián Hernández, Eleuterio José Jiménez Colmenares, Lorenzo Sampablo Cervantes, Alejandro García Hernández, Emilio Alonso Fabián, Esteban López Zurita, Bradley Ronald Will, Raúl Marcial Pérez, Alberto Jorge López Bernal, entre otros, son los nombres de las personas asesinadas durante el conflicto que la Comisión de la Verdad calificó como ejecuciones extrajudiciales.
López Hernández, criticó que esos crímenes continúan en la impunidad, y sin una línea de investigación que pueda llevar a la verdad y a la justicia.
Recordó que las investigaciones realizadas por la Comisión de la Verdad le llevaron a concluir que existen elementos para señalar a Ruiz Ortiz; a Nicolás Martínez Ramírez; al ex secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segrestre Ríos; el director de la Policía Ministerial estatal, Daniel Camarena Flores, y el coordinador de Seguridad, Vialidad y Tránsito Municipal, Aristeo López Martínez, entre otras personas.
La misma Comisión, agregó, estableció la responsabilidad del Senado de la República, por desatender la solicitud de desaparición de poderes, privilegiando los intereses políticos enmarcados en la sucesión presidencial de 2006, en lugar de procurar la estabilidad, seguridad y paz en el estado de Oaxaca, donde se cometieron una serie de violaciones graves a los derechos humanos, luego de su negativa.
la diputada de Morena, concedió que los proceso de Reyes Amaya y Cruz Sánchez constituyen un avance significativo para el arribo a la verdad y a la justicia, sin embargo, consideró necesario y urgente que el gobierno del estado garantice la reparación integral del daño.
Por lo pronto, el Congreso de Oaxaca, con el voto de los diputados de Morena y PT, pidieron a la FGR, inicie de oficio las investigaciones relacionadas con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado en contra del movimiento social magisterial oaxaqueño en los años 2006 y 2007 como los hechos ocurridos en la población de Asunción Nochixtlan Oaxaca acontecidos en 19 de junio del 2016.
Así mismo, castigar a los culpables del sexenio de Enrique Peña Nieto.
