Jaime GUERRERO
OAXACA.- Con 34 votos a favor, la LXV Legislatura rechazó una ampliación presupuestal de 18 millones 114 mil pesos al Tribunal de Justicia Administrativa y de Combate a la Corrupción de Oaxaca (TJACCO).
Sería destinada a pagar la “auto-jubilación” que se aprobaron ex magistrados jubilados del extinto tribunal de justicia administrativa.
Fue el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, Mateo Martínez Martínez, quien solicitó al Congreso aprobar una ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal 2024 por la cantidad de 18 millones 114 mil 672.53 pesos.
Lo anterior, para el pago de lo condenado dentro de los expedientes 250/2020, 657/2022 recaídos en el Segundo Juzgado de Distrito, 1251/2021, 392/2023 recaídos en el Noveno Juzgado de Distrito y 414/2022 recaído en el Cuarto juzgado de Distrito, respectivamente.
Para la ex magistrada Frida Jiménez la cantidad de 3 millones 39 mil 406.34 pesos.
Ana María Soledad Cruz Vasconcelos 4 millones 576 mil 645.81 pesos.
María Mayela García Maldonado 3 millones 183 mil 541.35 pesos.
El ex magistrado Pedro Carlos Zamora Martínez 2 millones 433 mil 60.73 pesos, y a María Elena Villa de Jarquín la cantidad de 4 millones 882 mil 81.21 pesos.
El magistrado Mateo Martínez argumentó el propio decreto con el que se creó el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción y con el cual se removió a trabajadores y a magistrados.
No obstante, la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación del Congreso de Oaxaca determinó que «Las dependencias y entidades que no puedan cubrir la totalidad de las obligaciones conforme a lo previsto en el párrafo anterior, presentarán ante la autoridad judicial, laboral y/o administrativa según sea el caso, un programa de cumplimiento de pago que deberá ser considerado para todos los efectos legales en vía de ejecución respecto de la resolución que se hubiese emitido, con la finalidad de cubrir las obligaciones hasta por un monto que no afecte los objetivos y metas de los programas prioritarios”.
La Comisión solicitó al Tribunal de Justicia Administrativa que en su programa deberá estar incluido en el proyecto de Presupuesto de Egresos del del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025, (una partida) a efecto de no violentar los derechos humanos y laborales de los quejosos quienes tienen un adeudo por el pago de condena ejecutoriada y líquida en los juicios de amparos.
Martínez Martínez solicitó una ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal 2024 por la cantidad de 18 millones 114 mil 672 pesos con 53 centavos, para el pago de lo condenado dentro de los expedientes 250/2020, 657/2022 recaídos en el Segundo Juzgado de Distrito, 1251/2021, 392/2023 recaídos en el Noveno Juzgado de Distrito y 414/2022 recaído en el Cuarto Juzgado de Distrito.
De igual manera, pidió una segunda ampliación presupuestal por la cantidad de cuatro millones 882 mil 18 pesos con 21 centavos, para el ejercicio fiscal 2024 del Tribunal, para el pago de lo condenado dentro de la ejecutoria del expediente 392/2021 del Juzgado Noveno de Distrito.
En el dictamen se establece que de acuerdo con el artículo 47 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Tribunal podrá presentar ante la autoridad judicial, laboral y administrativa, según sea el caso, un programa de cumplimiento de pago que deberá ser considerado para todos los efectos legales en vía de ejecución respecto de la resolución que se hubiese emitido, con la finalidad de cubrir las obligaciones hasta por un monto que no afecte los objetivos y metas de los programas prioritarios.
