Jaime GUERRERO
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).-La falta de personal de Salud en los hospitales y centros de Salud es producto de la corrupción institucionalizada en la Secretaría de Salud de Oaxaca (SSO) desde los sexenios de Ulises Ruiz Ortiz y Gabino Cué Monteagudo, en complicidad con líderes sindicales.
Se estima que los recursos desviados ascienden a 400 millones de pesos al año, que son destinados para el pago de bonos de las y los trabajadores del sector Salud, pagos producto de acuerdos al margen de la Ley.
Al presentar un punto de acuerdo a nombre de la bancada de Morena -aprobado por el pleno de urgente y obvia resolución- el diputado César Morales Niño reiteró esas irregularidades que han sido confirmadas por el titular de los Servicios de Salud de Oaxaca, Juan Carlos Márquez Heine.
No obstante, serían permitidas por el funcionario.
En punto de acuerdo aprobado fue para exhortar al titular del Poder Ejecutivo, Alejandro Murat Hinojosa, y al Secretario de Salud del Estado para que atiendan y resuelvan de manera inmediata la falta de personal en el sector Salud y para que aseguren su permanencia hasta que el gobierno federal se haga cargo de los servicios de salud.
Por lo pronto, la bancada de Morena pidió explicar por qué se realizan esos pagos que no están contemplados ni etiquetados en ninguna partida presupuestal.
Citó los casos de Santos Pineda Vladimir con código MO2078 que corresponde a profesión de la comunicación, rama paramédica con funciones de terapias de rehabilitación, pero es de profesión ingeniero.
En el actual sexenio tenía las funciones de asesor del secretario de los Servicios de Salud de Oaxaca.
También el caso de Ruiz Garnica Gustavo con código MO2078 que corresponde a profesión de la comunicación rama paramédica con funciones de terapias de rehabilitación, quien es contador de profesión.
La plaza está reservada. En este sexenio Ruiz Garnica, tenía las funciones de director de administración de los servicios de salud de Oaxaca.
Asimismo, de las 23 faltas que tuvo Sandoval Torres Dany y Rosado Meléndez Angélica Isabel, personal médico y ginecóloga de Ciudad Ixtepec, dónde murió una mujer embarazada y su hijo por falta de atención médica, desde esa fecha no se presenta a trabajar y no se ha levantado acta administrativa porque es sindicalizada.
En su pasada comparecencia ante el Congreso del Estado, Marquez Heine refirió a los y las diputadas que “un trabajador irregular representa un peso perdido, un peso que no se otorga a la salud de Oaxaca”.
Aseguró que más del 80 por ciento del presupuesto del sector es destinado a la nómina.
Reprochó que desde hace dos sexenios, se convirtió a los SSO en el Servicio Estatal de Empleo, engrosando la nómina y desviando el dinero destinado a programas de salud para pagar a empleados con el ISR y cuotas del ISSSTE.
Reveló que el déficit presupuestal anual de los SSO es por 1 mil 600 millones de pesos y lanzó otro dardo a los sindicatos, a quienes se les suspendieron las denominadas “comisiones” que significaban más de 326 millones de pesos, “lo cual genera molestia”.
Reveló que por presiones sindicales y personales, se decidió destinar recursos para trabajadores sin fuente de financiamiento.
“Se ha detectado que hay gente que no trabaja en áreas donde debe estar y también hemos encontrado personas que trabajan en alguna área del sector, pero también labora en otra dependencia del Gobierno de Oaxaca”, reveló Márquez Heine.
Apuntó que con las diversas fuentes de financiamiento, se cuenta con un total de 20 mil 190 trabajadores de diferente actividad contractual, no obstante, 5 mil 672 a la quincena 12, no contaban con cobertura presupuestal definida, tanto eventuales, regularizados, formalizados y de planta estatal.
Para la bancada de Morena, el proceso de saneamiento y reordenamiento del Sector Salud tiene que pasar por un proceso de identificación de cada uno de los supuestos trabajadores eventuales contratados por el Gobierno del Estado, y que se confirmen las actividades desempeñadas.
Así como el lugar de adscripción.
“Esto es necesario para evitar que se infle o manipule dolosamente el padrón y se busquen beneficios para personas que nunca han trabajado en el sector”, urgió Morales Niño.
De la misma forma, revisar las claves asignadas a las y los trabajadores de base, al personal regularizado y formalizado, para que dichas asignaciones correspondan a su perfil profesional.
En caso contrario que se inicien los procedimientos legales por el delito de fraude, desvío de recursos públicos y robo a la nación, y en tal situación que reintegren a la Tesorería de la Federación los salarios y prestaciones no devengados con los intereses correspondientes.
“Es ugente atender porque las y los trabajadores despedidos han hecho público que otro de los factores que ha provocado la actual crisis de falta de personal es que han asignado claves médicas a personas que no cumplen con el perfil profesional”, refirió.
En el mismo proceso, que se investigue si se encuentran físicamente en el lugar que fueron adscritos, y en caso contrario que se inicien los procedimientos correspondientes para la rescisión de la relación laboral por abandono del centro de trabajo, debido a que es recurrente el cambio de centros de adscripción, sin que se cumplan los tramites institucionales.
En un segundo punto exhorto, se considera urgente que el Gobierno del Estado garantice el abasto de medicamentos e insumos, así como la operación permanente de las instituciones del sector salud para brindar atención médica a la población en general.
Y es que Jorge Alcocer, Secretario de Salud de la Federación, afirmó que se han emitido 297 órdenes de suministro de medicamentos, equivalente a más de un millón de piezas, principalmente en áreas de cardiología, endocrinología, nefrología, oncología e infecciosas.
Alcocer informó que requirieron al encargado del almacén del Estado, informe sobre claves y piezas recibidas; sin embargo, la respuesta fue que se les diera una prórroga porque no habían hecho el inventario.
Así se evidenció la desorganización estatal en el manejo de los medicamentos que envía la Federación, y fue desmentida institucionalmente la responsabilidad que el Estado pretende endosar a la Federación.
