La presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Elizabeth Lara Rodríguez, evidenció la negligencia criminal del Estado: afirmó contundentemente que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) incurrieron en una omisión brutal al extraviar las carpetas de investigación iniciadas por el periodista Alejandro Leyva Aguilar por las amenazas de muerte que denunció un año antes de ser asesinado.
DDHPO acusa omisión de FGR y Fiscalía de Oaxaca por extravío de denuncias de Alejandro Leyva; CNDH y Mecanismo Federal nunca respondió
La muerte anunciada del periodista
Un crimen con avisos previos
El periodista Alejandro Leyva fue asesinado el 22 de julio de 2026, un año después de haber iniciado un viacrucis institucional intentando que el Estado lo protegiera de amenazas directas vinculadas a su labor crítica hacia altos funcionarios estatales.
La burocracia asesina
La revelación de la DDHPO expone que no falló un solo organismo, falló todo el sistema: FGR, FGEO, el Mecanismo Federal de Protección y la CNDH jugaron al «ping-pong» burocrático con las alertas rojas del periodista hasta que fue silenciado a balazos.
La presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Elizabeth Lara Rodríguez, evidenció la negligencia criminal del Estado: afirmó contundentemente que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) incurrieron en una omisión brutal al extraviar las carpetas de investigación iniciadas por el periodista Alejandro Leyva Aguilar por las amenazas de muerte que denunció un año antes de ser asesinado.
“Fue una omisión de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía General del Estado que se hayan extraviado las carpetas de investigación”, declaró públicamente la Ombudsperson, destapando el nivel de encubrimiento y desdén institucional que enfrentó el comunicador.
FGR y FGEO perdieron el expediente
Lara Rodríguez explicó que el primer acercamiento del periodista con la DDHPO ocurrió el 14 de julio de 2025. Leyva denunció amenazas sistemáticas provenientes de cuentas falsas y particulares. De acuerdo con el propio comunicador, él responsabilizaba políticamente de las intimidaciones al gobernador Salomón Jara Cruz; al secretario de Gobierno, Jesús Romero López; y al consejero jurídico, Geovany Vásquez Sagrero.
Siguiendo los cauces legales, Leyva interpuso una denuncia ante la FGR el 16 de julio de 2025. La FGR decidió «lavarse las manos» y declinó la competencia a favor de la Fiscalía de Oaxaca (FGEO).
Cuando la DDHPO requirió a la FGEO el avance de la investigación y la emisión de medidas de protección (hasta en cinco ocasiones), la Fiscalía local mintió afirmando que no tenía registro del expediente. Posteriormente rectificaron: “Reconoció haber recibido la carpeta de investigación y nos dice que fue turnada al área correspondiente, pero que no la encontraban”, relató Lara Rodríguez.
El silencio cómplice del Mecanismo Federal
El calvario burocrático no terminó en las fiscalías. Aunque inicialmente Leyva rechazó medidas de protección (por temor a ser vigilado o ubicado por sus propios agresores a través de los policías), el 25 de noviembre de 2025 cambió de decisión y solicitó su incorporación urgente al Mecanismo Federal de Protección para Periodistas.
La DDHPO requirió al Mecanismo Federal en tres ocasiones el diseño de un esquema de seguridad. La última súplica ocurrió en febrero de 2026, cuando Leyva entregó directamente los números telefónicos desde donde era intimidado. Nadie movió un dedo.
“Hasta el 31 de julio de 2026 no hemos tenido respuesta del Mecanismo Federal”, sentenció la titular de la Defensoría, nueve días después de que Leyva fuera asesinado.
Ante este escenario de indolencia estatal, la DDHPO presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la omisión y falta de atención al caso, dejando constancia de que el Estado Mexicano sabía de las amenazas, tuvo las pruebas en sus manos, perdió las carpetas y guardó silencio hasta que hubo un cadáver.
Alejandro Leyva denuncia ante la DDHPO y FGR las amenazas, señalando responsabilidad política de altos funcionarios estatales. FGR batea el caso a la FGEO.
Las amenazas arrecian. Leyva entrega números telefónicos de los agresores. La DDHPO envía alertas urgentes al Mecanismo Federal, el cual jamás respondió.
Leyva es asesinado el 22 de julio. Nueve días después, la DDHPO revela que la Fiscalía extravió la carpeta y el Gobierno Federal ignoró las alertas.
¿Qué es la «Omisión Institucional»?
En materia de Derechos Humanos, la omisión institucional ocurre cuando el Estado (jueces, fiscales, policías o el Mecanismo de Protección) tiene la obligación legal de actuar para salvaguardar una vida y decide no hacerlo, ya sea por negligencia, burocracia o encubrimiento político. Cuando un periodista denuncia amenazas documentadas y la Fiscalía «pierde» la carpeta, el Estado deja de ser un observador y se convierte jurídicamente en co-responsable del asesinato por inacción.
Rendición de cuentas al Fiscal General y a Segob
Al titular de la Fiscalía General de Oaxaca y a la Secretaría de Gobernación (de quien depende el Mecanismo): ¿Qué sanción penal o administrativa enfrentarán los Ministerios Públicos responsables de haber «extraviado» el expediente de un periodista amenazado? ¿Van a seguir cobrando su sueldo los funcionarios del Mecanismo Federal que ignoraron las tres alertas de vida de Alejandro Leyva hasta el día de su asesinato?
¿El Mecanismo Federal también te ignoró o la Fiscalía «perdió» tu denuncia?
El caso Leyva demuestra que el sistema de protección a defensores y periodistas en México está roto por diseño. Necesitamos documentar más casos de omisión gubernamental.
Si la Fiscalía de Oaxaca congeló o extravió tu denuncia por agresiones o amenazas políticas, envía el número de expediente para hacerlo público.
Si fuiste integrado al Mecanismo Estatal o Federal y el botón de pánico no sirve o los escoltas te espían, denuncia esta simulación.
Si como periodista eres hostigado directamente por presidentes municipales o secretarios de Estado, exponemos su abuso de poder.
La redacción protegerá tu identidad frente al acoso del Estado. Haremos eco de tu expediente para forzar su reactivación.
Seguridad crítica: Cuando el agresor es el propio Estado o altos funcionarios, asume que tus telecomunicaciones regulares podrían estar vigiladas. Utiliza ProtonMail o Signal para contactarnos y evita dar detalles sensibles por líneas telefónicas abiertas.
