José GIL OLMOS
MÉXICO, D.F. (pagina3.mx).- El Narco Estado es una de las más recientes acepciones para definir la figura donde el crimen organizado se ha hecho gobierno y los políticos, gobernantes y narcotraficantes ya son lo mismo. No se trata de la infiltración y corrupción, sino de la simbiosis de estos dos últimos personajes en los cuales se concentra todo el poder y actúan controlando un territorio con las leyes de la violencia y el terror.
Esto es lo que ha pasado en Michoacán y Guerrero de manera más clara que en otros estados en la última década, bajo la indolencia de gobernantes y partidos políticos a los que no les importa las condiciones de violencia y seguridad de la población, que sufre los estragos de una guerra no convencional, sino mantenerse en el poder a toda costa.
[pull_quote_center]Desde hace varias décadas hemos presenciado esta fusión o simbiosis de políticos y narcotraficantes con los casos de los exgobernadores de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid; Tamaulipas, Tomás Yarrington; Morelos, Sergio Estrada Cajigal, y mucho antes con Enrique Álvarez del Castillo en Jalisco o Víctor Manuel Tinoco en Michoacán.[/pull_quote_center]
También con los generales Jesús Gutiérrez Rebollo, Ricardo Escorcia, Cuauhtémoc Antúnez Pérez, jefe de la VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Juan Manuel Rico Gámez, comandante de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, Guerrero; Roberto Aguilera, general de división retirado y titular del Centro de Inteligencia Antinarcóticos (Cian) en el sexenio de Vicente Fox; Luis Rodríguez Bucio, jefe del Cian a inicios del sexenio de Felipe Calderón y excomandante de la Guarnición Militar número 64 de Cancún, Quintana Roo, y el general de brigada Moisés García Ochoa, exdirector general de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
No se escapan legisladores y presidentes municipales como el diputado del PRD Julio César Godoy Toscano, quien se encuentra prófugo; el presidente municipal de Ixtapan de la Sal, Ignacio Ávila Navarrete; el edil priista de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza; Aldo Macías Alejandres (PRI-PVEM), presidente municipal de Uruapan; Gildardo Barrera (PRI), alcalde de Churumuco; Arquímides Oseguera (PRD), de Lázaro Cárdenas; Martín Arredondo (PAN), de Jacona; Jesús Infante (PAN), de Ecuandureo; Juan Hernández (PRI), de Aquila; Jesús Rivera (PRI), de Tumbiscatío; Rosa Hilda Abascal (PAN), de Zamora, y Elías Álvarez Hernández, exsecretario de Seguridad Pública del estado de Michoacán.
La lista sigue y es larga. El Narco Estado se fue labrando por años en un ambiente de corrupción, impunidad e injusticia, cultivado por gobiernos de todos los partidos hasta alcanzar los niveles que hoy tenemos con sus consecuencias terribles como la matanza de San Fernando, Tamaulipas; la ejecución de Tlatlaya, Estado de México, o la última, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
En el Narco Estado el nuevo grupo en el poder, los narcopolíticos, controlan el territorio para establecer su propio imperio de cobro de impuestos, extorsiones y secuestros; su propia economía con leyes del mercado global, con socios de otros grupos de otros países que comercializan no sólo drogas sino productos agrícolas, metales precisos, minerales, hidrocarburos. Su propia ley.
Eso es lo que vemos de manera clara en Michoacán y Guerrero, la formación del Narco Estado, donde los dos gobernadores, Ángel Aguirre Rivero y Fausto Vallejo (exgobernador), han sido acusados de haber recibido dinero del crimen organizado para sus campañas y, luego, permitir que las bandas delincuenciales gobiernen y controlen el territorio por encima de todos y con la connivencia de todas las demás autoridades.
Twitter: @GilOlmos
