El señalado fue retenido por vecinos y puesto a disposición de la autoridad judicial tras una agresión registrada en video cuando la víctima caminaba con su hijo menor de edad.
Detienen a empleado de colegio privado por abuso sexual contra mujer en colonia Libertad de Oaxaca de Juárez
El señalado fue retenido por vecinos y puesto a disposición de la autoridad judicial tras una agresión registrada en video cuando la víctima caminaba con su hijo menor de edad.
Un hombre de 24 años, identificado con las iniciales L.P.J.H. y señalado como empleado del área de mantenimiento del Instituto Carlos Gracida, fue detenido y puesto a disposición de un juez de control tras ser acusado del delito de abuso sexual cometido contra una mujer que caminaba por calles de la colonia Libertad en compañía de su hijo menor de edad.
La agresión ocurrió el lunes 25 de mayo alrededor de las 16:37 horas sobre la calle Heriberto Jara. Un video difundido en redes sociales registró el momento en que el hombre caminaba sobre la banqueta, regresó de forma repentina y se abalanzó sobre la víctima para realizar tocamientos en su cuerpo.
La mujer reaccionó de inmediato y pidió auxilio a gritos mientras el agresor intentaba huir del lugar.
Vecinos de la zona retuvieron al sujeto antes de que pudiera darse a la fuga y lo entregaron a elementos de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, quienes lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca tomó conocimiento del caso a través de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, instancia que conduce las investigaciones con perspectiva de género y prioridad en la atención integral de la víctima.
El fiscal general Bernardo Rodríguez Alamilla señaló que la intervención derivó directamente de la difusión del video en redes sociales, y sostuvo que las autoridades mantienen una política de actuación inmediata ante hechos que vulneren la integridad y seguridad de las mujeres.
Tras su detención, L.P.J.H. quedó a disposición de la autoridad judicial competente para que resuelva su situación legal.
Publicaciones difundidas en redes sociales por familiares de la víctima identificaron al detenido y lo señalaron como empleado del Instituto Carlos Gracida, un colegio privado de la capital oaxaqueña.
La institución educativa emitió un comunicado en el que reconoció haber tomado conocimiento del caso tras la difusión del video, y señaló que los hechos habrían ocurrido fuera del horario y las instalaciones del plantel.
El colegio indicó que abrió un proceso de revisión interna para determinar las acciones correspondientes y rechazó cualquier forma de violencia contra la mujer o cualquier persona.
Familiares de la víctima exigieron que el caso sea judicializado y que el agresor enfrente consecuencias penales. La FGEO reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de violencia de género a través de los canales oficiales.
Análisis
El caso muestra la importancia de la reacción comunitaria, la evidencia videográfica y la actuación inmediata de las autoridades en delitos de violencia sexual contra mujeres. La difusión del video aceleró la intervención institucional y colocó el caso bajo atención pública.
También evidencia la necesidad de que instituciones privadas cuenten con protocolos claros para responder cuando una persona vinculada laboralmente a ellas es señalada por un hecho grave, aunque este ocurra fuera de sus instalaciones.
El punto central será la judicialización del caso. La detención no equivale a sentencia, pero sí abre una ruta penal en la que la víctima debe recibir acompañamiento, protección y acceso efectivo a la justicia.
El abogado del diablo
Desde otra perspectiva, debe cuidarse que la indignación pública no sustituya el debido proceso. Aunque el video y los testimonios pueden ser elementos relevantes, corresponde a la autoridad judicial determinar la responsabilidad penal del detenido.
También es importante distinguir entre la conducta individual del señalado y la responsabilidad institucional del colegio, que dependerá de si existieron omisiones, antecedentes o fallas internas relacionadas con el caso.
Sin embargo, el debido proceso no debe usarse como excusa para minimizar la denuncia ni para desproteger a la víctima. La exigencia social apunta a una investigación seria, rápida y con perspectiva de género.
