Política · Violencia política de género
Diputada de Morena acusa «pacto patriarcal» de Noé Jara para vetar a Liz Arroyo y Haydeé Reyes
Desde la tribuna del Congreso, Yamil Jimena Arroyo defendió a sus compañeras de bancada frente al llamado de Noé Jara Cruz, hermano del gobernador, para impedir sus aspiraciones a una candidatura.
La diputada local de Morena, Yamil Jimena Arroyo, salió en defensa de sus compañeras Liz Arroyo y Haydeé Reyes Soto y calificó como un «pacto patriarcal» el llamado de Noé Jara Cruz para vetarlas de futuras candidaturas, al advertir que pretender cerrarles el paso por manifestar sus aspiraciones constituye un intento de exclusión de las mujeres dentro del propio movimiento.
Desde la tribuna del Congreso de Oaxaca, la legisladora fijó postura frente al video en el que Jara Cruz, hermano del gobernador Salomón Jara, planteó impedir que ambas diputadas sean postuladas, particularmente en la disputa interna por la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez.
«Vengo por sororidad a fijar postura frente al intento de vetar a dos compañeras por el único hecho de haberse atrevido a aspirar», lanzó Arroyo.
El señalamiento y la respuesta
Arroyo rechazó que las expresiones difundidas en redes puedan considerarse únicamente parte de la confrontación interna de Morena.
«Esto que circula en redes no es debate político. Lo que dice este actor político no es una opinión, es un pacto para excluir. Es un pacto patriarcal que decide qué mujer sí puede aspirar y qué mujer no», acusó.
La diputada sostuvo que la crítica al desempeño, las ideas o propuestas de cualquier aspirante forma parte de la democracia, pero diferenció esos cuestionamientos de un llamado abierto para impedir una candidatura. A su juicio, las expresiones contra Liz Arroyo y Haydeé Reyes reúnen elementos de violencia política contra las mujeres en razón de género, porque provienen de un actor político que no solo expresa una opinión, sino que convoca a otros a impedirles participar.
La defensa de la trayectoria territorial
La morenista defendió particularmente la trayectoria de Liz Arroyo, de quien recordó su militancia y trabajo territorial desde los primeros años del movimiento. «Liz ha sido leal al movimiento cuando no había cargos ni reflectores, ha estado en el partido desde el inicio, ha caminado territorio con chaleco y con orgullo. Su aspiración legítima, como la de muchas, es seguir participando», afirmó.
También cuestionó las burlas realizadas sobre el chaleco utilizado por Liz Arroyo durante sus actividades territoriales. «La burla al chaleco de Liz Arroyo es violencia. Burlarse del trabajo territorial de las mujeres reproduce el estereotipo de que no hacemos política seria, que solo servimos para la talacha», reclamó.
Un costo político para Morena, según la legisladora
Para Arroyo, señalar que una mujer ya buscó anteriormente una candidatura y no la consiguió no puede utilizarse como argumento para cerrarle futuras posibilidades de participación. «Dice: ‘ya intentó llegar y no pudo, por eso hay que vetarla’. Eso no es análisis. Es un llamado a borrarla de la vida pública y política», afirmó.
La diputada advirtió que la controversia ya representa un costo político para Morena porque exhibe contradicciones entre el discurso de defensa de los derechos de las mujeres y las prácticas al interior del partido. «Esto lastima profundamente a Morena. Lastima lo que tanto nos ha costado construir. Nos hace ver hacia afuera como un partido que reproduce lo mismo que juramos combatir», señaló.
Arroyo recordó además que Liz Arroyo ocupa la Secretaría de Mujeres del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, por lo que consideró particularmente grave que desde el interior del propio movimiento se pretenda desacreditar su aspiración. «Si permitimos que se minimice a la propia Secretaria de Mujeres del Comité, nuestro discurso se vuelve hipocresía. La congruencia empieza en casa», sentenció.
AMI · Posicionamiento político, no denuncia formal
Lo que se describe en esta nota es un posicionamiento verbal desde la tribuna del Congreso, no una denuncia presentada ante una autoridad electoral o de género. Que una legisladora califique expresiones como «violencia política de género» no equivale a una resolución de esa naturaleza por parte del INE, el OPLE o un tribunal electoral. Distinguir entre la acusación pública y un proceso formal ayuda a no confundir el debate político con una determinación jurídica ya establecida.
¿Cómo me afecta esto?
Este episodio ocurre en el marco de la definición de candidaturas de Morena para 2027, un proceso interno que define quién compite por cargos públicos en Oaxaca. Cómo se resuelvan estas disputas internas —con criterios abiertos o con vetos informales— incide directamente en qué opciones llegan finalmente a la boleta electoral.
