Libertad de expresión · Congreso de Oaxaca
Diputada de Morena propone protocolo para proteger a periodistas en Oaxaca; plantea respuesta en 72 horas ante amenazas
Sandra Daniela Taurino Jiménez presentó una iniciativa para crear un Protocolo Estatal de Protección a Personas Periodistas, que obligaría a las autoridades a actuar de inmediato ante un riesgo inminente.
La diputada de Morena, Sandra Daniela Taurino Jiménez, presentó una iniciativa para crear en Oaxaca un Protocolo Estatal de Protección a Personas Periodistas y Garantía de la Libertad de Expresión, que obligaría a las autoridades a responder en un plazo máximo de 72 horas cuando exista un riesgo inminente contra quienes ejercen el periodismo.
La propuesta plantea reformar la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), mediante la incorporación de un Título Sexto, con los artículos 88 al 94, para establecer por primera vez en la legislación estatal un esquema específico de protección a periodistas.
La reforma obligaría tanto a la DDHPO como a autoridades estatales y municipales a aplicar estándares desarrollados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las tres P de la propuesta
Entre sus principales disposiciones están las denominadas «tres P»: prevenir, proteger y procurar justicia.
«Prevenir significa reconocer públicamente el valor del trabajo periodístico y evitar cualquier discurso que incremente el riesgo para quienes informan», expuso Taurino Jiménez al presentar la propuesta.
La legisladora explicó que proteger implica una actuación inmediata cuando exista una amenaza real, mediante la coordinación de medidas urgentes destinadas a salvaguardar la integridad de las y los periodistas.
«Y procurar justicia significa investigar con diligencia las agresiones y sanción a los responsables», agregó.
Coordinación institucional y respuesta urgente
La iniciativa también establece coordinación entre la DDHPO, el Mecanismo Federal de Protección, autoridades estatales y organismos internacionales.
Uno de los puntos centrales es que, ante situaciones de riesgo inminente, deberán implementarse medidas urgentes como retiro del lugar de riesgo, reubicación o escoltas, con una respuesta obligatoria en un plazo máximo de 72 horas.
También plantea que las medidas cautelares emitidas por la CIDH sean atendidas de manera inmediata y que exista un aviso dentro de las primeras 24 horas, además de seguimiento semestral y coordinación con instancias internacionales y el Mecanismo Federal de Protección.
Perspectiva de género y enfoque intercultural
La reforma incorpora además perspectiva de género y enfoque intercultural, al considerar que las mujeres periodistas y quienes desarrollan esta actividad en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas enfrentan riesgos particulares que requieren medidas diferenciadas.
Asimismo, establece la presentación de un informe anual cada 23 de noviembre sobre las acciones realizadas en materia de protección a periodistas.
Taurino Jiménez sostuvo que las agresiones contra comunicadores no afectan únicamente a quienes ejercen esta profesión, sino también el derecho de la sociedad a mantenerse informada.
AMI · Cómo leer una iniciativa legislativa
Presentar una iniciativa no equivale a que se convierta en ley. El texto debe turnarse a comisiones, dictaminarse y someterse a votación en el pleno del Congreso antes de tener efecto. Hasta entonces, el Protocolo Estatal de Protección a Personas Periodistas es una propuesta, no una obligación vigente para las autoridades.
Vale la pena dar seguimiento a en qué comisión queda turnada, si se abre a consulta con el gremio periodístico y en qué plazo se dictamina.
¿Cómo me afecta esto?
Si se aprueba, esta reforma le da a cualquier periodista en riesgo en Oaxaca —trabaje para un medio o de forma independiente— una ruta institucional con plazos concretos para pedir protección, en vez de depender solo de la buena voluntad de la autoridad en turno.
Para la ciudadanía, un periodismo con protección legal más sólida es una garantía de que el flujo de información sobre asuntos públicos no dependa de cuánto riesgo esté dispuesto a asumir quien informa.
