Jaime GUERRERO
El diputado local del PRI, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley de Víctimas del Estado de Oaxaca y evitar que las víctimas de robo de vehículos, aseguramientos indebidos o accidentes de tránsito sigan pagando los costos de arrastre, salvamento y almacenamiento en corralones.
La propuesta adiciona un segundo y tercer párrafo a la fracción VIII del artículo 61 de dicha ley con el objetivo de garantizar la devolución inmediata y sin costo de las unidades afectadas.
Durante la exposición de motivos, el legislador explicó que, aunque los vehículos sean recuperados, las víctimas enfrentan un viacrucis de trámites, demoras y pagos que pueden superar los 15 o 20 mil pesos cuando las unidades permanecen semanas o meses en depósito.
Señaló que esta situación representa una revictimización y contradice el principio de reparación integral establecido en la propia ley. “¿Cómo puede hablarse de reparación integral si el Estado obliga a la víctima a pagar por un daño que no provocó?”, cuestionó desde tribuna.
Incluso familias que han perdido a un ser querido en un accidente deben cubrir estas cuotas para liberar vehículos que ya no serán utilizados, agregó Casique Zárate.
Refirió que informes municipales revelan que los depósitos de San Agustín y Primavera concentran más de 2 mil unidades abandonadas, muchas pertenecientes a personas sin recursos para cubrir los costos acumulados.
Datos de la Fiscalía indican que solo en 2023 se reportaron más de 3 mil vehículos robados en Oaxaca.
La iniciativa establece que la devolución será inmediata y gratuita cuando: el robo se haya denunciado dentro de las primeras 72 horas, una autoridad determine que el aseguramiento fue indebido o irregular, o se trate de un accidente con víctimas fallecidas y el vehículo ya no sea requerido como evidencia.
El legislador afirmó que no se crean nuevos derechos, sino que se garantiza el cumplimiento efectivo de los ya existentes bajo criterios claros, verificables y humanos.
Además del beneficio directo para las víctimas, la reforma tendría efectos positivos en la administración pública al descongestionar corralones, reducir riesgos ambientales por unidades abandonadas y evitar que los municipios sigan absorbiendo el problema de saturación.
Casique Zárate recordó que recientemente se lanzó un programa de descuentos del 90 % en derechos de uso y 100 % en recargos, lo que evidencia la magnitud del rezago.
“Esta reforma tiene rostro real: madres, trabajadores, estudiantes y familias completas que piden algo elemental, que el daño no se multiplique desde el gobierno”, expresó el diputado.
La Presidencia de la Mesa Directiva turnó la iniciativa a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictamen correspondiente.
