Jaime GUERRERO
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) determinó que el asesinato de Diego Ignacio Paz, estudiante de la Universidad Anáhuac, a manos de policías municipales de Santa Lucía del Camino el 30 de agosto de 2024, constituyó una ejecución extrajudicial.
Los dictámenes periciales descartan que el joven estuviera alcoholizado o bajo efectos de drogas, y revelan graves irregularidades en el operativo de alcoholímetro, incluyendo el uso indebido de armas por agentes no capacitados.
La noche del 30 de agosto, Diego Ignacio Paz y un acompañante circulaban en un vehículo cuando fueron interceptados en un retén de alcoholímetro por policías municipales.
Ante la actitud “prepotente y agresiva” de los agentes, Diego evadió el punto de control y estacionó el auto en la calle empedrada de la Plazuela de las Tres Cruces, cerca del Parque de las Canteras.
Ambos descendieron, activaron el seguro del vehículo y huyeron a pie por temor a su seguridad.
El sobreviviente relató: “Nos metimos a Mártires de Tacubaya temiendo por nuestras vidas de que los oficiales estaban muy agresivos, avanzamos mucho sobre la calle hasta que llegamos a la Plazuela de las Tres Cruces, que es donde hay árboles, porque empieza el Parque de las Canteras, por ahí dejamos el vehículo (…). Salí de donde estaba para buscar a Diego, pero ya no lo vi. Cuando iba bajando la calle, vi que venían unos policías, entonces corrí de nuevo, bajé unos escalones hacia donde está el techo del teatro al aire libre, en ese momento escuché varios disparos, como 6 más o menos (…). Me alcanzó un policía, me empezó a pegar y comencé a forcejear con él (…); se rompió el techo y caímos (…). Estando ahí abajo me empecé a quejar del dolor y llegaron varios policías y me rodearon”.
Diego fue alcanzado por dos disparos por la espalda, a la altura de la cadera, según la autopsia.
Incluso herido, fue pateado y torturado por los agentes. Su acompañante, tras forcejear y caer de un techo de plástico gris, fue rodeado y agredido, aunque paramédicos llegaron sin proporcionarle atención inmediata en ambulancia.
La DDHPO enfatizó que los policías involucrados no estaban certificados ni capacitados para portar armas de fuego, por lo que no debieron ser contratados ni participar en operativos.
Además, se desmintió información falsa difundida en medios y comunicados oficiales, que alegaba que los jóvenes estaban ebrios o atropellaron a un agente durante la huida; no existe evidencia de ello.
Hasta la fecha, el gobierno municipal de Santa Lucía del Camino no ha iniciado acciones administrativas contra los responsables.
La DDHPO acusa omisión al Ayuntamiento por no entregar un listado de servidores públicos intervinientes, ni informes sobre la cadena de mando en la planificación y ejecución del operativo de alcoholímetro los días 30 y 31 de agosto, incluyendo supervisores remotos o presenciales.
La Defensoría exige investigaciones exhaustivas y sanciones, mientras la familia de Diego Paz clama justicia ante la impunidad.
